La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha dictado la resolución por la que se concede la autorización administrativa a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (UECG) para acometer las actuaciones de extensión de vida útil en las turbinas de gas G2J (Jinámar 10) y G3J (Jinámar 11) de la Central Térmica de Jinámar, ubicada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

El proyecto, amparado en la resolución favorable de compatibilidad dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica dentro del procedimiento estatal de concurrencia competitiva para los territorios no peninsulares, persigue blindar la operatividad y la fiabilidad de las unidades durante la próxima década sin incrementar la potencia eléctrica ni alterar el régimen de combustibles fósiles de las instalaciones.

La batalla jurídica de Disa y el rechazo a la suspensión

La tramitación administrativa ha estado marcada por el pulso frontal mantenido por la compañía competidora Disa Generación, que se personó en el expediente exigiendo la suspensión cautelar de la autorización autonómica hasta que se resuelva el recurso de alzada interpuesto contra el concurso estatal. Disa argumentaba que la prolongación de la vida útil de estos grupos consolidaba la posición dominante de Unelco-Endesa en el mercado eléctrico insular, superando los límites regulatorios previstos en la normativa sectorial, y reclamaba informes actualizados tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como al operador del sistema.

El departamento autonómico ha desestimado íntegramente las pretensiones suspensivas de la entidad recurrente, reconociéndole únicamente una condición de interesada a efectos procedimentales y de control de legalidad. En su fundamentación jurídica, la Dirección General de Energía zanja la polémica recordando que los procedimientos de concurrencia competitiva y retribución adicional pertenecen al ámbito competencial de la administración estatal, mientras que la competencia autonómica se circunscribe de forma reglada a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de la infraestructura ya existente.

Modificaciones no sustanciales y cobertura territorial

A nivel técnico y ambiental, el proyecto esquiva la obligación de someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada, toda vez que los informes emitidos por la Dirección General de Calidad Ambiental califican la sustitución de las reductoras principales, auxiliares y motores de arranque como una modificación no sustancial. Los organismos competentes han certificado que la intervención no genera un incremento de la potencia térmica ni altera significativamente las emisiones a la atmósfera respecto a los niveles actuales de operación de la central.

La tramitación también ha superado los filtros urbanísticos e insulares tras la emisión de los informes de conformidad territorial por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la aplicación de los mecanismos de transitoriedad y silencio positivo respecto al Cabildo Insular de Gran Canaria. De este modo, la orden de declaración de interés general dictada por el Ejecutivo regional subsume las autorizaciones especiales y dota a la compañía de la cobertura jurídica necesaria para ejecutar los trabajos de renovación tecnológica orientados a garantizar la cobertura de la demanda eléctrica en la Isla.