Cuando el titular registral de una parcela intentó inscribir una georreferenciación alternativa, validada por el Catastro, para ajustar su propiedad a la realidad física, la respuesta desde el Registro de la Propiedad n.º 3 fue un rotundo bloqueo. El motivo fue la oposición formal interpuesta por el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, que denunció una supuesta invasión de dominio público sobre la Carretera Insular GC-23

Tras una guerra abierta por el control de los datos del sector, el Tribunal Supremo ha puesto un espejo frente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, recordándole que la digitalización europea no es un cheque en blanco para invadir las competencias que, por derecho constitucional, pertenecen a las comunidades autónomas