El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han alcanzado un acuerdo para constituir el Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado, una nueva estructura que permitirá al Ejecutivo autonómico participar de forma permanente en la planificación de los ocho aeropuertos de interés general del Archipiélago, entre ellos el aeropuerto de Gran Canaria.

 

El acuerdo se ha formalizado este viernes, 13 de noviembre, durante la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. El presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han respaldado una iniciativa que desarrolla las previsiones del artículo 161 del Estatuto de Autonomía.

 

La medida permitirá a Canarias intervenir en la elaboración de documentos de planificación aeroportuaria, trasladar sus necesidades de inversión y realizar un seguimiento de las actuaciones previstas por Aena. La participación autonómica quedará integrada en un procedimiento estable, aunque las competencias estatales sobre los aeropuertos de interés general se mantienen. La reunión ha dejado otro acuerdo con consecuencias directas para Gran Canaria: el traspaso de funciones y servicios sobre el aeródromo de El Berriel y tres helipuertos de la isla, previsto para el 1 de enero de 2027.

 

Canarias participará en la planificación de sus aeropuertos

La creación del órgano bilateral responde a una reivindicación que el Ejecutivo autonómico lleva años planteando al Estado. El objetivo es que las decisiones sobre unas infraestructuras fundamentales para el transporte de pasajeros, las mercancías y la actividad económica tengan en cuenta las particularidades del territorio canario.

 

Fernando Clavijo ha valorado el entendimiento alcanzado entre ambas administraciones y ha destacado la importancia de que Canarias disponga de un cauce permanente para trasladar sus prioridades. El presidente ha señalado que el acuerdo permite avanzar en una cuestión especialmente sensible para un archipiélago cuya movilidad depende, en buena medida, del transporte aéreo. También ha atribuido el resultado al trabajo desarrollado durante los últimos meses, marcado por las negociaciones políticas y técnicas.

 

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha defendido que Canarias debe desempeñar un papel más activo en las cuestiones que afectan a sus instalaciones aeroportuarias. Rodríguez ha resumido el alcance político del acuerdo con una frase: «Dejamos de ser simples testigos de lo que ocurre en nuestros aeropuertos». Para el consejero, la nueva estructura permitirá trasladar las necesidades de las islas a los procedimientos en los que se deciden las actuaciones aeroportuarias y comprobar posteriormente su ejecución.

 

Más de 1.800 millones en inversiones aeroportuarias

Uno de los primeros asuntos que deberá abordar el nuevo órgano será el DORA III 2027-2031, el Documento de Regulación Aeroportuaria que contempla inversiones superiores a 1.800 millones de euros en los aeropuertos de Canarias durante ese periodo. Este documento establece la programación de inversiones de Aena para cada ciclo de cinco años y constituye una pieza fundamental para determinar las actuaciones que se desarrollarán en las instalaciones aeroportuarias.

 

Pablo Rodríguez ha recordado que Canarias dispone de algunos de los aeropuertos más rentables y considera necesario que los resultados económicos de estas infraestructuras se reflejen en inversiones ajustadas a las necesidades del territorio. El Ejecutivo autonómico pretende prestar especial atención a la planificación de las obras, los compromisos de inversión y los mecanismos que permitan supervisar su cumplimiento.

 

La participación de Canarias en el DORA III incluirá la posibilidad de presentar propuestas durante su elaboración y emitir un informe preceptivo. También podrá pronunciarse sobre los elementos utilizados para calcular las tarifas aeroportuarias. El órgano recibirá información sobre las actualizaciones anuales de esas tarifas y sobre la ejecución de las inversiones aprobadas. Ambas administraciones podrán establecer procedimientos específicos para controlar el desarrollo del programa correspondiente a 2027-2031 y de los posteriores.

 

Rodríguez ha adelantado que su departamento quiere convocar cuanto antes la primera reunión para comenzar a trabajar sobre estos asuntos.

 

Qué funciones tendrá el nuevo órgano aeroportuario

El acuerdo establece varias vías de participación del Gobierno autonómico en la planificación y el funcionamiento de los aeropuertos. Entre sus principales competencias figura recoger las propuestas de Canarias antes de que se elaboren los planes directores aeroportuarios. Una vez preparados, el órgano deberá emitir los informes preceptivos correspondientes antes de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible proceda a su aprobación.

 

También podrá examinar las necesidades de conectividad aérea del archipiélago, estudiar alternativas para mejorar los enlaces entre las islas y promover la apertura de nuevas rutas nacionales e internacionales. La calidad de los servicios aeroportuarios, la sostenibilidad de las instalaciones y su conexión con otros medios de transporte formarán parte de las materias que podrán abordarse. La creación de esta estructura permitirá introducir las prioridades autonómicas en los procedimientos de planificación, sin modificar el reparto de competencias establecido por la legislación vigente.

 

Cuatro representantes de Canarias y cuatro del Estado

El Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado contará con ocho integrantes, distribuidos a partes iguales entre las dos administraciones. Cuatro representantes corresponderán al Gobierno de Canarias y otros cuatro al Gobierno de España. La presidencia cambiará cada año y será ejercida inicialmente por la comunidad autónoma. Las reuniones ordinarias se celebrarán cada tres meses. Cualquiera de las administraciones podrá solicitar encuentros extraordinarios, que deberán convocarse en un plazo máximo de quince días.

 

El acuerdo establece que ninguna de las partes podrá impedir que se incorporen al orden del día asuntos incluidos entre las funciones del órgano. Las decisiones deberán adoptarse por consenso. Cuando no exista acuerdo sobre el contenido de un informe, el documento recogerá las posiciones mantenidas por ambas administraciones. Este sistema permitirá dejar constancia de las diferencias que puedan surgir respecto a las inversiones, la planificación o cualquier otra cuestión aeroportuaria sometida a examen.

 

Un acuerdo que desarrolla el Estatuto de Autonomía

El camino hasta la constitución del órgano comenzó formalmente el 12 de enero de 2026, cuando Fernando Clavijo solicitó al Ejecutivo central que desarrollara las disposiciones del Estatuto de Autonomía relativas a la participación de Canarias en materia aeroportuaria. En abril se celebró una primera reunión entre ambas administraciones. A partir de ese encuentro comenzaron los trabajos de los equipos técnicos encargados de estudiar el procedimiento más adecuado. Las negociaciones avanzaron durante los meses siguientes y, en julio, ambas partes acordaron trabajar en una estructura bilateral específica que tuviera en cuenta las particularidades del Archipiélago.

 

El artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce la participación de la comunidad autónoma en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general, dentro de los límites establecidos por la normativa estatal. También contempla su intervención en cuestiones relacionadas con las tasas y otras prestaciones económicas aeroportuarias. El acuerdo firmado el 13 de noviembre establece el mecanismo de participación destinado a desarrollar esas previsiones, una de las demandas que el Gobierno canario había trasladado al Estado.

 

El Berriel y tres helipuertos de Gran Canaria pasarán a Canarias

La Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma ha aprobado otro acuerdo relacionado con las infraestructuras aéreas del archipiélago. Se trata del traspaso de funciones y servicios sobre dos aeródromos y nueve helipuertos, cuya efectividad está prevista para el 1 de enero de 2027.

 

En Gran Canaria, la transferencia afectará al aeródromo de El Berriel, situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. También comprenderá tres instalaciones que forman parte de la red de helipuertos de Gran Canaria: Helipuerto de Artenara, Helipuerto del Hospital Universitario Insular, en Las Palmas de Gran Canaria, y Helipuerto del Puerto de Las Palmas, en la capital grancanaria.

 

El segundo aeródromo incluido en el acuerdo es el de Antigua, en Fuerteventura. Los seis helipuertos restantes se encuentran repartidos entre Tenerife, La Gomera y La Palma. En Tenerife se transferirán los de Adeje, el Hospital Universitario de Canarias, el Hospital de La Candelaria y La Guancha. La relación se completa con el helipuerto de San Sebastián de La Gomera y el de Puntagorda, en La Palma.

 

Canarias asumirá nuevas competencias en enero de 2027

El traspaso permitirá al Gobierno autonómico ejercer funciones de planificación, autorización, construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo de las instalaciones incluidas en el acuerdo. Estas atribuciones se desarrollarán respetando las competencias que la legislación mantiene reservadas al Estado. Pablo Rodríguez ha destacado especialmente la importancia de contar con los medios necesarios para gestionar estas infraestructuras, que desempeñan un papel relevante en la atención de emergencias.

 

Los helipuertos permiten desarrollar operaciones aéreas vinculadas, entre otros servicios, a la asistencia sanitaria y a las intervenciones de emergencia. El consejero ha precisado que todavía quedan cuestiones económicas pendientes de concretar entre el Gobierno de Canarias y la Administración estatal para completar el proceso de transferencia. El acuerdo contempla igualmente la creación de una comisión de seguimiento formada por seis representantes, tres designados por cada administración, encargada de supervisar su desarrollo.

 

Representantes de Canarias y del Gobierno de España

La Comisión Bilateral ha reunido a responsables de diferentes áreas de las administraciones autonómica y estatal. La representación del Gobierno de Canarias ha estado encabezada por Fernando Clavijo, acompañado del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. También han participado la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, que ha intervenido por vía telemática; el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo; el secretario general de la Presidencia, Ceferino Marrero; y la secretaria autonómica de la Comisión Bilateral, María Luisa Risueño.

 

Por la Administración General del Estado ha asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto con la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que ha intervenido telemáticamente. La delegación estatal se ha completado con el secretario general de Coordinación Territorial, Agustín Torres; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; la subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática, Berta Pérez; y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Mónica García Sáenz, conectada también por vía telemática. Han participado igualmente el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez; el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet; y el secretario de la Comisión Bilateral por la Administración del Estado, Jorge García Carreño.

 

El siguiente paso será la puesta en funcionamiento del órgano bilateral y la preparación de sus primeras reuniones. Sobre la mesa estarán las actuaciones previstas en los aeropuertos canarios para los próximos cinco años, mientras ambas administraciones deberán completar los aspectos pendientes del traspaso de los aeródromos y helipuertos acordado para enero de 2027.