JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El documento, validado por la Junta de Gobierno Local y con vigencia hasta el ejercicio 2028, contempla una movilización total de 123 millones de euros. Este despliegue de recursos busca no solo dinamizar la economía local, sino establecer un cortafuegos administrativo contra la vulnerabilidad social en un contexto de incertidumbre presupuestaria. El consistorio articula este gasto bajo los principios de estabilidad financiera y transparencia, vinculando cada céntimo a objetivos estratégicos que van desde la rehabilitación de viviendas hasta el fomento de la movilidad sostenible.
La arquitectura financiera del plan revela un esfuerzo inversor que alcanzará su mayor intensidad en el año 2027. Para el presente ciclo de 2026, la corporación ha consignado una partida inicial de 36 millones de euros, distribuida en 72 líneas de actuación. Sin embargo, será en el segundo año del trienio cuando la inversión escale hasta los 48 millones de euros, para finalmente ajustarse a los 39 millones en el cierre de 2028. Esta progresión aritmética responde a la necesidad de coordinar el gasto público con la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras hídricas y habitacionales que requieren de una maduración técnica plurianual antes de su desembolso definitivo.
Dentro del desglose por áreas de gobierno, el sector de la Vivienda emerge como la prioridad absoluta de la política municipal, acaparando cerca de 46 millones de euros. Esta partida, la más cuantiosa de todo el plan estratégico, se destinará de forma masiva a la construcción de nuevos inmuebles y a la rehabilitación de parques de viviendas envejecidos. El objetivo es doble: reactivar el sector de la construcción local y, simultáneamente, ampliar la oferta de alquiler social en una capital que sufre una presión inmobiliaria constante. El Ayuntamiento asume así un rol de promotor activo para garantizar el acceso a la vivienda como derecho fundamental.
De forma paralela, el área de Bienestar Social recibirá una inyección de 39 millones de euros durante el periodo de vigencia del plan. Estos fondos se canalizarán a través de ayudas de emergencia y programas de apoyo a la inclusión social, consolidando una red de protección para los colectivos en situación de riesgo extremo. La gestión de estas cuantías se someterá a un control estricto por parte de la Intervención General, utilizando indicadores de eficacia que permitan medir el impacto real de cada subvención en la reducción de la brecha de desigualdad urbana.
La gestión del agua y la sostenibilidad ambiental también ocupan un lugar destacado en la estrategia presupuestaria, con una asignación de 18 millones de euros. El foco de este gasto se sitúa en la subvención del coste de depuración para los consumidores, una medida que busca aliviar la carga económica de los hogares mientras se modernizan las estaciones de tratamiento de aguas residuales. Esta inversión se complementa con los 500.000 euros destinados a la promoción de la "Ciudad de Mar", una línea estratégica que pretende potenciar el aprovechamiento náutico y turístico de la costa capitalina como motor de empleo especializado.
El plan no olvida la dinamización de los barrios y la movilidad urbana. Se han reservado 6 millones de euros para el área de Tráfico y Movilidad, con el fin de incentivar medios de transporte menos contaminantes, y otros 10 millones para la dinamización cultural de la ciudad. Además, la estructura administrativa del plan garantiza que la mayoría de estas ayudas se concedan mediante el régimen de concurrencia competitiva, asegurando que la libre competencia y el mérito de los proyectos presentados por la sociedad civil sean los criterios que primen en el reparto de los fondos públicos.
Desde el punto de vista técnico, el Plan Estratégico de Subvenciones actúa como un instrumento programático que no genera derechos automáticos para los beneficiarios, sino que supedita cada pago a la existencia de crédito presupuestario real en cada ejercicio. El Ayuntamiento recalca que toda la actividad subvencional estará alineada con la Regla de Gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria que dicta el marco legal nacional. Esta prudencia financiera es clave para mantener la solvencia del consistorio mientras se ejecuta uno de los mayores programas de fomento de su historia reciente.
La integración de este plan en la Base de Datos Nacional de Subvenciones subraya el compromiso de la ciudad con la transparencia total. Todas las convocatorias y concesiones serán públicas, permitiendo un seguimiento ciudadano de la gestión de los 123 millones de euros que definirán el modelo de ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta 2028. Con esta estrategia, el Ayuntamiento de la capital grancanaria no solo planifica su gasto, sino que envía un mensaje de solidez sus habitantes: Hay que tener memoria, en 2027 hay elecciones locales.
