JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La medida impacta de lleno en las familias grancanarias que buscaban iniciar el proceso para la acogida definitiva de un menor de entre cero y siete años sin características especiales o necesidades de salud complejas, un procedimiento que permanecía en vía muerta tras la saturación del registro autonómico.
La parálisis original se remonta a 2010, cuando el volumen de familias dispuestas a adoptar triplicó de forma estructural la cifra de menores en situación legal de adoptabilidad. Aquella brecha entre oferta y demanda obligó a congelar de forma indefinida la entrada de nuevas peticiones para evitar expectativas irrealizables y taponamientos en la evaluación técnica. Durante los últimos tres lustros, la asignación progresiva de menores a familias previamente declaradas idóneas ha ido vaciando la lista de espera oficial en la Isla, generando un déficit de perfiles evaluados capaces de asumir la tutela cuando los juzgados declaran la adoptabilidad de un niño.
El agotamiento de las listas previas ha obligado a la administración pública a rescatar los expedientes que quedaron registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. La reactivation de este bloque no implica un proceso automático de entrega, sino el reinicio inmediato de la maquinaria de valoración psicosocial. Las familias grancanarias que tramitaron su petición en ese periodo dispondrán de un margen estricto de diez días tras su notificación individual para actualizar expedientes, renovar certificados de antecedentes y acreditar el cumplimiento de las condiciones económicas y emocionales exigidas por la normativa de protección de menores.
El reto para los servicios técnicos insulares reside en la naturaleza no instantánea de estas evaluaciones. Los diagnósticos psicológicos y las inspecciones sociales en el entorno del hogar exigen meses de análisis exhaustivo antes de otorgar el certificado formal de idoneidad. La reactivación por tramos anuales busca balancear la necesidad de contar con suficientes adoptantes preparados con la capacidad real de los equipos sociosanitarios para tramitar los expedientes sin generar nuevos colapsos burocráticos.
El desbloqueo aprobado mantiene una línea roja inequívoca para las solicitudes más recientes. Todo expediente de adopción nacional enfocado en menores de hasta siete años finalizado a partir del 1 de enero de 2022 continuará en situación de suspensión temporal. La administración mantiene congelado este bloque para garantizar que la bolsa de expedientes de 2021 sea evaluada íntegramente y absorba los casos de menores que requieran una unidad familiar en los próximos ejercicios.
Esta estrategia por fases responde al mandato de equilibrar la protección del interés superior del menor con la operatividad de los recursos públicos. La acumulación de expedientes sin resolver genera un cuello de botella que perjudica tanto a la infancia tutelada como a los solicitantes. Con la apertura del tramo de 2021, Gran Canaria busca rearmar su red de idoneidad parental y acortar los plazos de respuesta en un sistema de protección social tensionado por las exigencias jurídicas y el rigor que requiere la asignación definitiva de un menor.
