NOELIA C. DEL TORO
La posición municipal se sustenta en dos argumentos principales. Por un lado, Mogán sostiene que Puerto de Mogán S.A. carece de legitimación para solicitar la ampliación del plazo concesional. Por otro, denuncia que el expediente al que ha tenido acceso está incompleto y reclama disponer de toda la documentación antes de emitir el informe que se le ha solicitado.
La controversia llega, además, con interpretaciones jurídicas enfrentadas. El Ayuntamiento reivindica el derecho que afirma haberse reservado cuando se produjo la cesión de la concesión, mientras Puertos Canarios ha defendido una tesis distinta y considera a Puerto de Mogán S.A. concesionaria del recinto. La relación oficial publicada por el organismo autonómico identifica a la mercantil como concesionaria y fija el vencimiento el 29 de marzo de 2031.
La concesión original del Puerto Deportivo de Mogán fue otorgada mediante Orden Ministerial de 27 de febrero de 1981 por un periodo de 50 años. El Ayuntamiento defiende que, pese a la posterior cesión de la explotación, conservó la facultad de promover una eventual ampliación del plazo una vez llegara el final de la concesión.
Sobre esa base, el Consistorio aprobó el 23 de junio de 2026 solicitar su propia prórroga extraordinaria. Puertos Canarios inadmitió posteriormente esa petición y el Ayuntamiento recurrió la decisión, por lo que mantiene abierto el procedimiento administrativo.
La interpretación del ente autonómico es diferente. Según la resolución de inadmisión difundida en agosto, Puertos Canarios entiende que el Ayuntamiento dejó de ostentar la condición de concesionario con el traspaso y que la facultad para solicitar la prórroga corresponde a quien figura actualmente como titular de la concesión.
La propia web oficial de Puertos Canarios recoge documentación relativa a la autorización definitiva del uso y explotación y al traspaso de la concesión a Puerto de Mogán S.A., uno de los puntos centrales de la disputa jurídica abierta entre las partes.
Mogán considera que Puertos Canarios no debería continuar avanzando en la petición presentada por la sociedad privada mientras permanece pendiente de resolución el recurso de alzada interpuesto por la administración municipal.
Para el Consistorio, resolver primero esa impugnación permitiría determinar con mayor seguridad jurídica quién está legitimado para promover la prórroga extraordinaria.
El procedimiento solicitado por Puerto de Mogán S.A. ya ha alcanzado la fase de información pública. El Boletín Oficial de Canarias publicó el 18 de agosto de 2026 el anuncio mediante el que Puertos Canarios sometió a exposición pública la solicitud presentada por la compañía para prolongar la concesión.
Ese anuncio oficial confirma la existencia de una petición de prórroga formulada por la empresa y abre la posibilidad de que personas o entidades afectadas formulen observaciones y alegaciones.
Una parte fundamental del escrito del Ayuntamiento se centra en la situación de los titulares de atraques, locales comerciales, apartamentos y otros aprovechamientos vinculados al Puerto de Mogán.
La institución municipal sostiene que numerosos derechos fueron formalizados durante décadas mediante contratos y escrituras y considera necesario determinar qué ocurrirá con ellos tanto al finalizar el periodo actual como en caso de aprobarse una nueva prórroga.
La posición defendida por Mogán es que esos derechos deberían permanecer vinculados a la duración efectiva de la concesión, incluyendo una eventual ampliación. Según el Ayuntamiento, su propia solicitud pretendía precisamente aportar continuidad jurídica a estas situaciones.
El Consistorio advierte de que una interpretación que suponga la extinción, reducción o pérdida de derechos consolidados podría provocar reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Se trata, en todo caso, de una advertencia formulada por el propio Ayuntamiento dentro de sus alegaciones y no de una responsabilidad económica ya declarada. El alcance de posibles indemnizaciones dependería de las decisiones administrativas que finalmente se adopten, de las circunstancias concretas de cada afectado y, en último término, de los eventuales pronunciamientos judiciales.
El gobierno municipal considera que el escenario puede tener consecuencias financieras para la Administración autonómica si algún acto administrativo provoca perjuicios indemnizables a terceros.
Las alegaciones sostienen que existen titulares que estarían estudiando posibles reclamaciones en caso de verse afectados sus derechos sobre bienes o aprovechamientos del recinto.
El Ayuntamiento vincula este riesgo a la decisión de Puertos Canarios de inadmitir su solicitud de prórroga, ya que entiende que su propuesta ofrecía una vía para dar continuidad a los derechos existentes.
La corporación municipal insiste por ello en que cualquier decisión sobre el futuro del Puerto de Mogán debe abordar de forma expresa la situación jurídica de los actuales titulares y evitar situaciones de inseguridad jurídica.
El segundo gran frente de las alegaciones afecta a la documentación administrativa. El Ayuntamiento asegura que el expediente trasladado por Puertos Canarios no contiene todos los antecedentes necesarios para pronunciarse con garantías.
Entre los documentos que afirma no haber recibido figura la solicitud inicial de Puerto de Mogán S.A., fechada el 29 de mayo de 2025, así como documentación complementaria registrada posteriormente, requerimientos de subsanación, documentos relacionados con garantías e informes incorporados durante la tramitación. Mogán reclama igualmente documentación vinculada al análisis del estado de conservación del puerto.
El Ayuntamiento había remitido el 21 de noviembre de 2025 un informe en el que, según mantiene ahora en sus alegaciones, se recogían deficiencias de conservación y mantenimiento. El Consistorio solicita acceder tanto a las actuaciones posteriores realizadas por Puertos Canarios como al contrainforme encargado por la empresa explotadora.
La administración municipal considera que no puede elaborar un informe completo sobre la prórroga sin disponer de la totalidad del expediente.
El estado de las instalaciones constituye otro de los asuntos introducidos en el procedimiento.
El Ayuntamiento sostiene que su informe municipal detectó problemas que podrían resultar relevantes para valorar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la concesión. Por ese motivo, reclama conocer las respuestas técnicas y administrativas incorporadas posteriormente al expediente.
Mogán considera que esta información debe analizarse antes de adoptar una decisión sobre una ampliación que podría extender durante otros 25 años el actual marco concesional.
Las alegaciones ponen igualmente el foco en los plazos. La concesión vigente no finaliza hasta el 29 de marzo de 2031, según la relación oficial de Puertos Canarios, por lo que todavía quedan varios años de vigencia.
El Ayuntamiento considera que esa circunstancia permitiría tramitar el procedimiento sin precipitación y resolver previamente las cuestiones que permanecen abiertas, especialmente los recursos administrativos y la controversia sobre la legitimación para solicitar la prórroga.
Desde la óptica municipal, una ampliación de semejante duración exige despejar antes las dudas jurídicas y económicas que rodean el expediente.
El Consistorio ha reclamado formalmente que se incorpore al expediente la documentación generada desde la solicitud presentada por Puerto de Mogán S.A. en mayo de 2025.
También pide acceso a los antecedentes públicos y privados relacionados con el procedimiento y solicita un nuevo plazo para emitir su informe una vez disponga de la totalidad de los documentos.
La institución municipal mantiene que utilizará las vías administrativas y judiciales que considere oportunas para defender su posición sobre el Puerto de Mogán y sobre los derechos que entiende asociados a la concesión.
El conflicto queda así abierto en varios frentes: la determinación de quién puede solicitar la prórroga, el alcance jurídico del traspaso efectuado décadas atrás, la protección de los derechos de terceros, el estado de conservación de las instalaciones y la integridad del expediente administrativo.
