NOELIA C. DEL TORO
La resolución, dictada el pasado 10 de septiembre, reconoce, según la información difundida sobre el fallo, que el Ayuntamiento de Mogán dispone de un interés legítimo e institucional para intervenir en el procedimiento que afecta a esta infraestructura portuaria. La petición de ceses formulada por Bueno ha sido recogida también por RTVC.
Puertos Canarios mantiene actualmente a José Gilberto Moreno García como director gerente y a Enrique Wiot Benavides como secretario del Consejo de Administración y director administrativo, según la composición oficial publicada por el propio ente.
El núcleo de la disputa estaba en determinar si el Ayuntamiento de Mogán podía personarse y defender sus intereses dentro del procedimiento que afecta al Puerto Deportivo de Puerto Rico.
Puertos Canarios había cuestionado la legitimación del Consistorio. La resolución judicial conocida este mes rechaza esa posición y reconoce que la explotación de una instalación de estas características puede incidir en ámbitos directamente relacionados con las competencias municipales.
Entre ellos figuran cuestiones vinculadas con la ordenación urbanística, movilidad, seguridad, actividad económica y turística, licencias, protección ambiental, litoral y uso público.
La sentencia supone así un respaldo a la capacidad del Ayuntamiento para intervenir en un asunto que tiene consecuencias directas sobre el municipio y sobre la gestión de una infraestructura situada dentro de su término municipal. La información publicada sobre el fallo señala que el TSJC aprecia un interés institucional propio de Mogán en relación con la explotación del puerto.
Bueno considera que esta decisión judicial cuestiona la estrategia seguida por Puertos Canarios durante el procedimiento y entiende que deben asumirse responsabilidades dentro del organismo.
La alcaldesa sostiene que una entidad pública encargada de defender el interés general no debería haber destinado recursos a discutir judicialmente la capacidad del Ayuntamiento para intervenir en un asunto con incidencia directa sobre Mogán.
Otro de los argumentos planteados por la alcaldesa se refiere a la evolución de la posición mantenida por Puertos Canarios respecto a la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico.
Según Bueno, el organismo había sostenido inicialmente que no procedía ampliar la concesión a Puerto Rico S.A., postura que derivó en procedimientos judiciales promovidos por la propia concesionaria. La alcaldesa afirma que la actuación posterior del ente público se ha desarrollado en una dirección distinta, al tiempo que cuestionaba la intervención del Ayuntamiento.
A juicio de Bueno, esa secuencia resulta contradictoria: primero Puertos Canarios se opuso a la prórroga; después discutió la legitimación municipal y, según su interpretación, las actuaciones posteriores pueden acabar facilitando que Puerto Rico S.A. continúe explotando la infraestructura. Esta última valoración corresponde a la alcaldesa y no constituye por sí misma una conclusión del tribunal sobre las motivaciones del ente público.
La información publicada sobre la sentencia señala, no obstante, que el tribunal aprecia una contradicicción en la posición procesal mantenida por Puertos Canarios respecto al procedimiento.
Bueno vincula lo sucedido en Puerto Rico con el expediente abierto para una eventual prórroga de la concesión del Puerto de Mogán. Según expone la alcaldesa, Puertos Canarios inadmitió la solicitud presentada por el Ayuntamiento mientras continúa la tramitación de la promovida por Puerto de Mogán S.A.
El Consistorio sostiene que su posición jurídica debe ser reconocida porque la concesión original del Puerto de Mogán fue otorgada al Ayuntamiento mediante una Orden Ministerial de 27 de febrero de 1981. A partir de ese antecedente, Bueno defiende que la administración municipal tiene legitimación para promover una eventual ampliación del periodo concesional. Esta argumentación ha sido difundida públicamente por la alcaldesa dentro de su petición de responsabilidades.
Para la regidora, ambos expedientes presentan similitudes por las dificultades que, a su juicio, encuentra el Ayuntamiento para que Puertos Canarios reconozca plenamente su posición jurídica.
Bueno acusa al organismo de mostrar una mayor receptividad hacia las pretensiones de determinados operadores privados que hacia las planteadas por una administración local. Se trata de una valoración política de la alcaldesa, no de un pronunciamiento acreditado judicialmente sobre las intenciones de Puertos Canarios.
El fallo del TSJC ha llevado a Bueno a trasladar el conflicto del terreno estrictamente jurídico al de las responsabilidades dentro del ente público.
La alcaldesa considera insuficiente que los tribunales hayan reconocido la capacidad del Ayuntamiento para intervenir y reclama consecuencias para quienes, según sostiene, promovieron la estrategia jurídica destinada a negar esa legitimación.
Por ese motivo solicita la salida de José Gilberto Moreno y Enrique Wiot, dos de los principales responsables de Puertos Canarios. RTVC confirmó el 25 de septiembre que la petición de la alcaldesa afecta tanto al director gerente como al responsable administrativo y jurídico del organismo.
El conflicto incorpora así una nueva dimensión institucional después de que la resolución del TSJC reconociera el interés de Mogán en el procedimiento sobre el Puerto Deportivo de Puerto Rico, mientras siguen abiertos otros debates sobre las concesiones y prórrogas de infraestructuras portuarias del municipio.
