JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El Consejo de Gobierno Insular ha ratificado la declaración de interés público y social para el proyecto fotovoltaico Salinetas III, ubicado en el término municipal de Telde, abriendo la puerta a una macroinstalación que transforma una superficie tradicionalmente protegida por su valor agrícola en un complejo de producción eléctrica.
El expediente, tramitado por los servicios de planeamiento del Cabildo (Nueva Canarias), destapa las costuras de un modelo de transición energética que coloniza terrenos rústicos de alto valor agrológico. La iniciativa promotora, impulsada por la conocida entidad privada, pretende ubicar los paneles solares sobre una parcela catastral calificada por el Plan Insular de Ordenación como zona de muy alto valor agrario.
Lejos de tratarse de una tramitación exprés, el proyecto ha tenido que sortear informes técnicos cruzados, requerimientos de subsanación y el escrutinio de las administraciones públicas desde que la solicitud inicial ingresara formalmente en los registros oficiales a mediados del año 2022.
La ofensiva jurídica contra el parque solar no tardó en materializarse en forma de alegaciones ciudadanas y ecologistas, lideradas de manera destacada por el Colectivo Turcón.
Las organizaciones ambientales denunciaron que la implantación masiva de huertas solares sobre suelo rústico protegido responde a intereses particulares de carácter especulativo, desvinculados de las verdaderas demandas de soberanía alimentaria y contrarios a la preservación del paisaje insular.
Asimismo, los detractores advirtieron sobre el impacto acumulativo que estas infraestructuras generan sobre los hábitats de avifauna esteparia en la zona de Melenara —donde conviven especies como el alcaraván, la terrera marismeña y el camachuelo trompetero—, además de cuestionar la pérdida irreversible de sumideros naturales de carbono en terrenos de vocación agraria.
Los servicios jurídicos y técnicos del Cabildo de Gran Canaria despacharon las objeciones ecologistas amparándose en la legislación sectorial vigente, que eleva el suministro eléctrico y la energía fotovoltaica a la categoría de servicio de interés económico general.
Según el criterio de la corporación insular, la actuación encaja en los parámetros de los planes estatales y europeos de descarbonización, desestimando la catalogación del proyecto como uso industrial estricto y blindando su encaje legal bajo la figura de infraestructuras energéticas autorizables.
No obstante, la luz verde definitiva concedida por el ejecutivo insular queda supeditada a exigencias estrictas de restauración ambiental, obligando al promotor a comprometerse formalmente a revertir los terrenos a su estado original una vez finalice la vida útil de la actividad fotovoltaica en el suelo teldense.
