El Supremo abre la puerta a 200 licencias VTC en Gran Canaria

El Tribunal Supremo ha desbloqueado la tramitación de 200 autorizaciones VTC (vehículos de transporte con conductor) en Gran Canaria, una resolución con capacidad para modificar el escenario del transporte discrecional de viajeros en la Isla. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no puede aplicarse al caso analizado la limitación establecida por la legislación canaria de una autorización de vehículo de transporte con conductor por cada 30 licencias de taxi.

El procedimiento tiene su origen, según informa este miércoles 30 de septiembre el periodista Carlos Javier Negrín en el portal de noticias Canarias en Pleno, en la negativa del Cabildo de Gran Canaria a tramitar las autorizaciones solicitadas por la empresa Senza 2020, S.L. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había fallado anteriormente en favor de la tramitación, pero la institución insular y la Federación Regional de Taxis de Canarias recurrieron aquella decisión ante el Supremo.

Uno de los argumentos planteados en el recurso estaba relacionado con la condición de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea y con las particularidades territoriales del Archipiélago. El Cabildo defendió también razones vinculadas a la capacidad de las carreteras, el crecimiento del parque móvil y la protección ambiental.

La sentencia considera, sin embargo, que esas circunstancias no acreditan por sí mismas la necesidad de mantener una proporción automática de una VTC por cada 30 taxis. El tribunal recuerda que la libertad de establecimiento reconocida por el derecho europeo es directamente aplicable y que las restricciones deben superar criterios de necesidad y proporcionalidad.

El Supremo no cuestiona que las administraciones puedan adoptar medidas para afrontar problemas de movilidad, congestión o emisiones. Lo que establece es que deben justificarse adecuadamente y valorar alternativas menos restrictivas, como limitaciones de circulación en determinados lugares u horarios o exigencias relacionadas con las emisiones de los vehículos.

La consecuencia inmediata es que recupera efectividad la sentencia dictada por el TSJC en 2024, que obliga al Cabildo de Gran Canaria a tramitar las 200 autorizaciones VTC reclamadas. Este desbloqueo judicial abre la puerta a la llegada operativa de plataformas como Uber y Cabify a las carreteras de Gran Canaria tras años de litigios por miles de solicitudes denegadas. Tramitar los expedientes no equivale automáticamente a que todas las licencias entren de inmediato en funcionamiento, ya que deberán seguir los procedimientos administrativos correspondientes.

La resolución abre un nuevo escenario para el sector del taxi y las VTC en Gran Canaria, uno de los mercados insulares donde las plataformas de transporte han encontrado hasta ahora mayores dificultades para desplegar su actividad. La decisión también puede condicionar la futura regulación autonómica y las medidas que adopten las administraciones para ordenar este tipo de movilidad.