JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado una sentencia de esas que retratan con precisión quirúrgica la miseria contemporánea: un descenso a los infiernos de la picaresca insular, donde las promesas de prosperidad europea se desvanecen entre facturas impagadas, fincas de Arucas abandonadas a su suerte y un patetismo existencial profundamente ligado al desencanto de nuestro tiempo.
En el centro de este turbio engranaje económico, un hombre y su expareja urdieron un plan de estafa continuada y agravada que ahora los aboca a cumplir condenas de prisión, desnudando la fragilidad de un tejido social donde cualquiera puede pretender ser un enviado de las altas esferas con tal de esquivar la asfixia del alquiler.
Vivimos en una época en la que la verdad se ha abaratado tanto que un hombre cualquiera puede levantarse una mañana, vestirse con el traje invisible de la épica militar y convencer a todo un sector de que maneja los hilos ocultos de la nación.
El principal acusado adoptó esta coartada como una forma de supervivencia burguesa, un relato impostado con el que seducía a proveedores y trabajadores locales mientras fingía una solvencia económica tan falsa como los billetes de tres euros. En sus largas peroratas ante los empresarios agrarios, el individuo no dudaba en asegurar que pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que había comandado la Legión o que había ejercido incluso como juez togado militar.
Era un ejercicio de autoficción patética, un intento desesperado de revestir de mística estatal una operación comercial que no era más que un vulgar fraude de chequera sin fondos. "El acusado tejió una red de engaños basada en una falsa solvencia y en la ostentación de supuestos vínculos con organismos de seguridad del Estado y altos cargos militares, logrando así doblegar la desconfianza inicial de los proveedores locales", dice la sentencia.
La maquinaria del engaño comenzó a engrasarse formalmente en el año 2018, cuando la pareja solicitó las subvenciones públicas destinadas a jóvenes agricultores convocadas por la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias. Bajo la premisa de que los fondos comunitarios amortizarían cualquier descalabro, alquilaron fincas en el municipio grancanario de Arucas y comenzaron a acumular suministros de alta gama para una explotación agrícola fantasma.
La empresa Servi Rain Canarias suministró sistemas de riego por valor de casi cincuenta mil euros que solo recibieron un abono inicial de diez mil, quedando un reguero de cheques devueltos por valor de 19.803,82 euros cada uno. Una situación calcada sufrieron los responsables de Plásticos y Galvanizados Canarios (Plastigal), quienes entregaron tuberías y mallas por casi trece mil euros a cambio de un pagaré mercantil emitido por la acusada que jamás vio la luz de un cobro real.
Lo verdaderamente desolador de esta crónica no es la astucia del delincuente, sino el destino prosaico y gris que se le da al dinero sustraído. La investigación judicial acreditó de manera fehaciente que los acusados ingresaron en sus cuentas bancarias más de 100.000 euros procedentes directamente de las subvenciones agrarias públicas.
Sin embargo, ni un solo céntimo de ese caudal europeo y autonómico sirvió para sanear las deudas contraídas con los honrados proveedores que habían fiado sus materiales confiando en la palabra del falso espía.
Los fondos se evaporaron en la cancelación anticipada de préstamos bancarios personales y en la cobertura de cargas financieras estrictamente privadas. Por si fuera poco, el varón extendió su radio de acción estafando de forma individual a varios trabajadores de confianza a los que arrebató miles de euros bajo la quimérica promesa de venderles maquinaria militar e industrial supuestamente retirada en la Península.
El castigo dictado por la Audiencia Provincial de Las Palmas pone fin a años de zozobra administrativa y judicial, aunque llega con el regusto amargo de la justicia demorada. El tribunal ha condenado al principal artífice a la pena de tres años y siete meses de prisión, ponderando tanto la agravante de reincidencia por sus tropelías anteriores como la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido al exasperante retraso acumulado en los pasillos de los juzgados.
Su expareja, en calidad de cooperadora necesaria por custodiar las cuentas y firmar los efectos mercantiles sin cobertura, ha sido castigada con trece meses de reclusión.
"Se les impone la obligación solidaria de indemnizar a las mercantiles perjudicadas y de restituir las cantidades detraídas a los particulares, cerrando un ciclo de falsedades donde la quiebra moral supera con creces el quebranto financiero".
La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, deja tras de sí la estampa de un país donde la picaresca de baja intensidad sigue encontrando resquicios en los laberintos de la burocracia agraria y la credulidad humana.
