JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La propietaria del suelo activó los mecanismos legales de expropiación por ministerio de la ley al haber transcurrido más de cuatro años desde la publicación oficial de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Ingenio, aprobada en septiembre de 2005. Ante la pasividad inicial del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio a la hora de tramitar la hoja de aprecio y resolver el expediente en los plazos fijados, la afectada elevó la solicitud de tasación a la Comisión de Valoraciones de Canarias.
Sin embargo, el organismo autonómico superó holgadamente el plazo legal de seis meses establecido para dictar una resolución definitiva sobre el justiprecio, sumiendo el expediente en una prolongada indefinición. Ante este escenario de bloqueo burocrático y tras seis años de espera desde el inicio del proceso expropiatorio, la propietaria optó por interponer un recurso contencioso-administrativo al entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. El caso recayó en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que dictó un fallo desfavorable para la interesada al inadmitir el recurso.
Los tribunales autonómicos respaldaron los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos de las administraciones demandadas —el Ayuntamiento de Ingenio, el Gobierno de Canarias a través de la Comisión de Valoraciones, y el Cabildo de Gran Canaria—, fundamentando que la demora de la Comisión no equivale a un acto presunto o silencio negativo. Según el criterio judicial de instancia, el retraso del órgano tasador constituye únicamente una situación de inactividad material, lo que en la práctica impedía a la ciudadana recurrir directamente por esa vía y la dejaba sin un cauce ágil para lograr una tasación judicial efectiva.
Disconforme con una interpretación que consideró lesiva para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, la representación procesal de la propietaria preparó un recurso de casación contra la inadmisión. La Sección Primera del Tribunal Supremo ha estimado que el asunto cuenta con un indudable interés casacional objetivo y ha admitido a trámite el recurso para unificar doctrina. El alto tribunal examinará si la inercia de los órganos de valoración autonómicos vulnera los derechos de los expropiados y si la falta de respuesta habilita de pleno derecho a acudir a los tribunales bajo la figura del silencio negativo.
La resolución definitiva que emita la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo marcará un hito jurisprudencial de gran relevancia para el urbanismo insular y autonómico. El pronunciamiento aclarará si las administraciones públicas pueden eludir el control jurisdiccional directo amparándose en la sobrecarga de trabajo de sus órganos de valoración, o si por el contrario los ciudadanos disponen de la vía contenciosa abierta frente a estas demoras estructurales que paralizan los justiprecios de suelo durante años.
