Canarias exige al Estado claridad jurídica y anticipos para asegurar el transporte público gratuito

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, participó este jueves en la Comisión General de Directores Generales, convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Durante la reunión, se discutieron temas relevantes como el marco de subvenciones para el transporte público gratuito, la implementación del título único y las actualizaciones normativas sobre las autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

Preocupación acerca de la seguridad jurídica

María Fernández expresó la inquietud del Gobierno canario respecto a la falta de seguridad jurídica en la aplicación de las ayudas estatales destinadas a garantizar la gratuidad del transporte público, especialmente tras la reciente modificación normativa. "No podemos vernos en la situación de tener que devolver 120 millones de euros por requisitos cuya interpretación sigue generando dudas", afirmó.

La directora general subrayó la complejidad normativa y la inseguridad jurídica que surgen de la nueva metodología estatal para distribuir las ayudas, que unifica criterios de comunidades con realidades muy diferentes. "No podemos aceptar que las ayudas lleguen en diciembre, como ha ocurrido el año pasado, cuando las administraciones insulares han tenido que adelantar recursos durante todo el ejercicio para sostener la gratuidad del servicio", añadió.

Necesidad de anticipos y claridad en los requisitos

María Fernández destacó la urgencia de anticipar los pagos, asegurar la suficiencia de los fondos y clarificar los requisitos de acceso, como la necesidad de establecer zonas de bajas emisiones, que podría perjudicar a territorios donde este proceso está en litigio.

El Gobierno de Canarias ya había enviado un informe al Ministerio, detallando preocupaciones como la insuficiencia inicial de la partida presupuestaria, que finalmente se amplió a 120 millones de euros en un marco plurianual. También se planteó la incertidumbre sobre si esta cantidad cubrirá el gasto real del sistema, estimado en 140 millones para 2024, y la necesidad de mecanismos que permitan a los cabildos recibir financiación sin esperar hasta finales de año.

Respuesta del Ministerio y expectativas futuras

La directora general de Transportes y Movilidad de Canarias celebró la respuesta verbal del Ministerio, que garantizó que el anticipo se transferirá de manera íntegra y en un plazo más corto, con el objetivo de realizarlo en septiembre, en lugar de diciembre como ocurrió en 2024. Además, se aseguró que el régimen específico para Canarias no estará sujeto a los mismos requisitos que el resto del país, lo que proporcionará mayor flexibilidad a las administraciones insulares.

Sin embargo, María Fernández enfatizó que "hasta que no tengamos el informe de la Abogacía del Estado por escrito, no podremos hablar de seguridad jurídica total" y solicitó rapidez para evitar incertidumbres en la ejecución del presupuesto de 2025 y 2026. "Necesitamos certidumbre, claridad en la norma y garantías de que ningún cabildo tendrá que devolver los fondos por interpretaciones cambiantes", concluyó.

Propuesta de Canarias como territorio piloto para el título único nacional de transporte

Durante su intervención, Fernández también informó que el Gobierno canario está trabajando en el desarrollo del título único, una herramienta clave para mejorar la movilidad en las Islas. Además, mostró la disposición de Canarias para convertirse en el primer territorio piloto del Estado en la implementación del título único nacional de transporte, que permitiría a los usuarios canarios utilizar un único bono en cualquier parte de España.

María Fernández invitó formalmente a la Secretaría General de Movilidad a visitar Canarias para reunirse con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), encargado del desarrollo del título único canario, con el fin de explorar la posibilidad de integración entre el título único estatal y el canario, de cara a su implementación en 2026.

Normativas sobre VTC y protección de Canarias

En relación a las novedades normativas sobre las autorizaciones de VTC, Fernández aseguró que Canarias está protegida frente a las recientes sentencias judiciales que han afectado a otras comunidades, gracias a la "regulación prudente, adaptada a normativa europea y sin excesos" del decreto ley aprobado el pasado año. "Fuimos previsores y evitamos distorsiones jurídicas tratando de forma unificada al taxi y a las VTC. El tiempo nos ha dado la razón", concluyó la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias.

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