NOELIA C. DEL TORO
La causa, que incluía a Mencey Navarro, primer teniente de alcalde, y al empresario Luis Oller, así como a varios funcionarios municipales, fue objeto de un recurso de apelación presentado por Isabel Santiago, concejala de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) hasta 2023. La denuncia se centraba en un acuerdo de mediación judicial entre el Ayuntamiento de Mogán y la empresa Cornisa del Suroeste S.L., el cual fue negociado y ratificado por la Junta de Gobierno Local y homologado judicialmente.
El Auto emitido el 17 de julio y notificado el 24 de julio respalda la decisión de la magistrada de instrucción, quien consideró que no existían pruebas suficientes para continuar con el procedimiento penal. La Sala subrayó la falta de pruebas consistentes por parte de la acusación, destacando el testimonio de una funcionaria municipal que solo testificó en sede policial y nunca ante la magistrada de instrucción, que la citó como investigada, lo que debilitó su valor jurídico.
Onalia Bueno expresó su hartazgo ante las acciones de Nueva Canarias-Bloque Canarista, afirmando que "el Derecho penal no está para dirimir disputas políticas ni para alimentar vendettas personales". La alcaldesa instó a los miembros de Nueva Canarias a cesar el uso del sistema judicial con fines políticos, señalando que este nuevo auto se suma a otras cinco causas archivadas en las que NC ha actuado como acusación popular.
Onalia Bueno calificó estas acciones como una clara persecución política basada en suposiciones, hipótesis y acusaciones sin fundamento, y defendió que la justicia ha desmantelado un intento de convertir una gestión legítima en un delito.
Como resultado de la apelación, Isabel Santiago deberá asumir las costas del proceso judicial. Asimismo, Luis Oller y Cornisa del Suroeste también tendrán que cubrir los gastos por su solicitud de sobreseimiento libre y archivo definitivo del procedimiento.
