JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La nominación del actual consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez, como aspirante popular a la alcaldía ha abierto una vía pragmática que causa estupor en los despachos de Madrid: la posibilidad explícita de explorar pactos de gobernabilidad con formaciones progresistas como el PSOE o nacionalistas como Coalición Canaria (CC) para evitar cualquier dependencia institucional de la extrema derecha de Vox.
Pese a la autonomía retórica ejercida por los líderes locales en el Archipiélago, la estructura decisoria del Partido Popular mantiene su centro de gravedad en Madrid. La dirección nacional no oculta su escepticismo ante experimentos de geometría variable que escapen a su control directo. La experiencia política canaria demuestra que las alianzas municipales terminan estando supeditadas a los intereses tácticos de la cúpula central en sus negociaciones globales. La ambición de Suárez por emular la impronta de las grandes mayorías populares del pasado choca de frente con la realidad de un censo electoral fragmentado, situando al PP grancanario en una encrucijada estratégica: obedecer los consensos de la dirección estatal o priorizar la gobernabilidad local mediante pactos heterodoxos.
Durante una intervención estival en los micrófonos de la Cadena SER, el recién designado candidato popular dejó entrever que su prioridad estriba en configurar una mayoría de gobierno centrada y transversal. Frente a la polarización que domina el debate público nacional, Suárez no cerró la puerta a entablar conversaciones estratégicas con el Partido Socialista o con las fuerzas del nacionalismo canario si los resultados de las urnas impiden una victoria por mayoría simple. La tesis de un pacto progresista de derechas representa para Génova un desajuste narrativo de primer orden. En los despachos madrileños del partido preocupa que la visualización de alianzas locales con los socialistas diluya la contundencia de la oposición a nivel estatal, mientras que el riesgo inverso —abrir la puerta a la extrema derecha— amenaza con erosionar el perfil moderado que la dirección nacional intenta consolidar en los caladeros urbanos.
La memoria colectiva de la ciudad conserva la impronta de los mandatarios varones que han ocupado el sillón municipal desde las primeras elecciones de 1979. Aquel ciclo inicial echó a andar con Manuel Bermejo, representante de la Unión del Pueblo Canario (UPC), respaldado por un pacto de izquierdas junto al PSOE y el PCE. La inestabilidad de la transición trajo relevos vertiginosos: el socialista Francisco Zumaquero asumió brevemente el mando en 1980, cediéndolo ese mismo año a Juan Rodríguez Doreste, también del PSOE. En 1982 la vara de mando pasó temporalmente a Diego Villegas, de la Unión de Centro Democrático (UCD), hasta que Rodríguez Doreste recuperó el control tras arrasar con mayoría absoluta en 1983. En 1987 irrumpió el Centro Democrático y Social (CDS) con José Vicente León al frente en coalición con Alianza Popular, alternándose en la turbulenta década de los noventa con el socialista Emilio Mayoral y el popular José Sintes gracias a alianzas variables con Iniciativa Canaria Nacionalista (ICAN) y Coalición Canaria.
La inquietud de la dirección central del PP ha resucitado el recuerdo del dominio hegemónico impuesto por José Manuel Soria en las elecciones municipales de 1995. Aquella victoria otorgó al Partido Popular 15 concejales sobre un total de 29, inaugurando un ciclo de doce años de mayorías holgadas que combinaron el favor de las clases medias urbanas con un férreo control del aparato insular. El mandato continuó con la presencia de la primera alcaldesa en la historia de la ciudad, Josefa Luzardo, hasta que el PSOE recuperó la plaza en 2007 de la mano del histórico Jerónimo Saavedra en pacto con Compromiso por Gran Canaria. La derecha volvería al poder en 2011 bajo la batuta de Juan José Cardona mediante una nueva mayoría absoluta, previo al ciclo iniciado en 2015 por el socialista Augusto Hidalgo apoyado en tripartitos con Nueva Canarias, Podemos y Prica (un ex de NC), una fórmula progresista que prolonga en la actualidad Carolina Darias.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituye un ecosistema fragmentado donde la consecución de mayorías absolutas se ha convertido en una excepción histórica. La irrupción de Vox en las últimas elecciones municipales de 2023, donde obtuvo 4 concejales, alteró un equilibrio previamente repartido entre el bloque de la izquierda (PSOE, Nueva Canarias y Podemos) y el espacio conservador. Con 12 ediles, el PSOE de Carolina Darias sustenta el gobierno local apoyado en socios de la órbita progresista y nacionalista, dejando al Partido Popular con 9 representantes. El planteamiento esbozado por Poli Suárez busca romper la dinámica de bloques rígidos para disputarle la centralidad al PSOE, asumiendo que la gestión municipal exige acuerdos pragmáticos sobre el suelo, las infraestructuras y los servicios urbanos por encima de las trincheras ideológicas que condicionan la política nacional.
