JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Mientras la política española habita en una trinchera permanente de decibelios desbocados, comisiones de investigación cruzadas y bloques pétreos incapaces de cruzarse ni el saludo en los pasillos del Congreso, a quinientos metros sobre el nivel del mar, en las medianías del norte de Gran Canaria, el tiempo geográfico y político discurre a otra velocidad. En la villa mariana de Teror, un municipio de 13.244 habitantes encajado en apenas 25,81 kilómetros cuadrados, las siglas del Partido Popular y del PSOE conviven en un inusual ecosistema de pragmatismo local que desafía por completo el manual de guerrilla partidista vigente en Madrid.
Los números de las urnas locales explican de primera mano esta singularidad atmosférica. En las elecciones municipales, el tablero se fragmentó de manera notable: Nueva Canarias (NC) se impuso con 2.236 votos (30,97%), seguida muy de cerca por el Partido Popular con 2.084 papeletas (28,87%) y el PSOE con 1.710 apoyos (23,69%). Sin embargo, la aritmética institucional de los plenos y la gestión cotidiana del Ayuntamiento —que maneja un presupuesto consolidado de ingresos superior a los 20,18 millones de euros— ha dado pie a entendimientos discretos, acuerdos de pleno y una sintonía administrativa donde la confrontación ideológica nacional se diluye ante los problemas reales de los 11 núcleos de población que conforman el municipio.
Aquí la crispación se estrella contra una realidad económica muy terrenal. Con una renta bruta media por declarante situada en los 25.844 euros y un parque de 4.767 hogares donde predomina la propiedad tradicional, los vecinos de Teror observan el ruido de la Península como un fenómeno lejano y ajeno. En el tejido productivo local, que cuenta con 308 empresas dedicadas al comercio, transporte y hostelería junto a un sólido arraigo de autónomos —749 cotizantes en el régimen especial—, la prioridad institucional pasa por resolver el paro registrado que afecta a 925 demandantes o gestionar las inversiones reales por habitante que rondan los 145,28 euros.
En los pasillos de las Casas Consistoriales no hay rastro de la polarización estatal. Los concejales populares y socialistas coinciden en la defensa del sector agropecuario de medianías, en el impulso a las infraestructuras de los barrios y en la protección del suelo rústico que ocupa el 24,65% de la Red Natura 2000. Mientras en las grandes capitales el pacto se considera una traición y el insulto cotiza al alza, en Teror la gobernabilidad municipal se teje a fuego lento, entre adoquines volcánicos, brumas atlánticas y la constatación empírica de que los baches de las carreteras o las licencias de apertura carecen por completo de carné político. ¿Hasta qué punto este modelo de convivencia municipal en las Islas resistirá las turbulencias de los ciclos electorales generales?
