JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El origen de este expediente se remonta a la subvención que el Cabildo concedió a los municipios de menos de 20.000 habitantes para mejorar sus trámites digitales. Como el consistorio aldeano no gastó la totalidad de la ayuda recibida de forma anticipada, devolvió voluntariamente a las arcas insulares la cantidad sobrante de 1.228,52 euros.
La normativa de subvenciones obliga a calcular intereses por el tiempo que el ayuntamiento retuvo ese dinero sobrante. Aplicando el interés legal del 4,0625% a lo largo de los 106 días que transcurrieron entre la recepción del fondo y su devolución efectiva, el departamento de intervención insular fijó la penalización en esos catorce euros con cuarenta y nueve céntimos que la corporación local debe ingresar ahora en la cuenta del Cabildo habilitada en CaixaBank.
El Cabildo de Gran Canaria ha cerrado oficialmente el expediente de justificación de las subvenciones destinadas a la administración electrónica de los municipios con menos de 20.000 habitantes correspondientes al ejercicio 2025. La resolución, firmada por Teodoro Sosa, declara formalmente justificados los fondos distribuidos entre los doce ayuntamientos de la comarca insular que cumplen con el umbral demográfico, dejando al descubierto una radiografía financiera donde la burocracia digital convive con el milagro administrativo de gestionar fondos supramunicipales con plantillas hiperreducidas.
La atención económica de la resolución recae de forma inevitable sobre el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, el único consistorio de toda la Isla que ha tenido que reintegrar una parte de la ayuda pública recibida por no haberla agotado íntegramente en los plazos previstos. En concreto, el municipio aldeano devolvió el pasado 30 de marzo la cantidad de 1.228,52 euros correspondientes al remanente no aplicado de aquella anualidad, un movimiento que ha arrastrado consigo la preceptiva liquidación de intereses de demora calculada por los servicios de intervención insular.
La aplicación estricta del marco normativo estatal, prorrogado por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, fija el tipo de interés aplicable en el 4,0625% para los ejercicios 2024, 2025 y 2026. A partir de este porcentaje y computando exactamente los 106 días transcurridos desde el abono inicial de la subvención hasta el momento material de la devolución efectiva en la tesorería insular, el Cabildo ha cuantificado los intereses de demora en exactamente 14,49 euros que ahora la corporación municipal debe ingresar en la cuenta restringida habilitada en CaixaBank bajo la referencia específica de administración electrónica.
Más allá del coste financiero testimonial de poco más de 14 euros, el expediente deja constancia de la distribución de los fondos que han permitido sostener digitalmente a los ayuntamientos de menor población de la Isla durante el pasado ciclo presupuestario. Las cuantías de las subvenciones definitivas se han escalonado en función de las necesidades operativas de cada consistorio, situándose en los 15.100 euros limpios para los municipios de Artenara, Tejeda y Valleseco, mientras que partidas ligeramente superiores, fijadas en 18.175 euros, han recaído sobre Agaete, La Aldea de San Nicolás, Firgas, Vega de San Mateo, Moya y Valsequillo.
En la franja alta de esta financiación insular orientada a la modernización tecnológica y el registro telemático se sitúan los municipios de Santa María de Guía, Teror y Santa Brígida, que han recibido sendas inyecciones económicas de 22.550 euros cada uno para sufragar los costes derivados del mantenimiento de sus sedes electrónicas, la firma digital y los expedientes automatizados. Estos recursos económicos buscan paliar la brecha digital estructural que sufren las administraciones locales pequeñas frente a las grandes capitales insulares, garantizando que el ciudadano de las medianías y zonas rurales pueda tramitar licencias o certificados sin necesidad de desplazamientos físicos.
