JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La llegada de los judeoconversos a las Islas se remonta a los momentos posteriores a la conquista territorial y al decreto de expulsión dictado por los Reyes Católicos en 1492. Huyendo de la presión peninsular, numerosos creyentes y familias enteras buscaron refugio en el atlántico enclave canario, considerado una zona de tránsito y oportunidad comercial. Sin embargo, la sombra de la ortodoxia religiosa no tardó en cruzar el océano. En 1504, quedó formalmente instalada en Las Palmas de Gran Canaria una filial del tribunal inquisitorial con el propósito expreso de vigilar a los conversos y erradicar cualquier rastro de judaísmo clandestino.
Este entramado probatorio y genealógico se sustenta firmemente en el reciente respaldo judicial. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el derecho de una descendiente de origen venezolano a obtener la nacionalidad española tras aportar "un informe de genealogía familiar" que acreditaba que la interesada desciende directamente "de don Pedro Antonio, judeoconverso sefardí natural de Orihuela (Alicante) radicado en Las Palmas de Gran Canaria y procesado por la Inquisición". El fallo judicial, que termina "reconociendo el derecho de la actora a la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza", ratifica que la aportación de documentación histórica combinada con certificados actuales demuestra "de forma suficiente la condición de sefardí originario de España". La propia resolución destaca que el peso de estas pruebas "viene a disipar toda duda" sobre el origen, consolidando así el valor jurídico de estas investigaciones archivísticas en los tribunales.
Las investigaciones académicas han profundizado de manera notable en este fenómeno histórico. El historiador Luis Alberto Anaya Hernández, en sus trabajos doctorales y publicaciones sobre los judeoconversos, documentó cómo aquella minoría logró integrarse inicialmente en el tejido social insular, ocupando en ocasiones relevantes cargos públicos pese a la constante amenaza delatora. Por su parte, el profesor Fernando Bruquetas de Castro ha aportado análisis rigurosos sobre las dinámicas internas de la sociedad insular del siglo XVI, plasmando en sus estudios genealógicos la magnitud de los procesos instruidos por los inquisidores en tierras canarias. Los expedientes acumulados recogen nombres, declaraciones juradas, árboles de parentesco y denuncias vecinales que hoy poseen un valor incalculable.
Aquellos perseguidos que lograron escapar de la hoguera y de los autos de fe celebrados en la capital insular terminaron cruzando el océano Atlántico rumbo al continente americano, estableciéndose en diversos territorios del Nuevo Mundo. Durante siglos, el rastro de esos linajes pareció diluirse entre la distancia geográfica y el olvido institucional. No obstante, la normativa actual en materia de concesión de nacionalidad para los sefardíes originarios de España exige pruebas documentales fehacientes y rigurosas para certificar la línea de descendencia y la vinculación histórica.
Es precisamente en este punto donde los fondos documentales de la Inquisición canaria adquieren una relevancia jurídica de primera magnitud. Los registros custodiados permiten trazar con precisión quirúrgica las genealogías familiares que los tribunales eclesiásticos se encargaron de investigar con obsesiva minuciosidad en el pasado. Los descendientes actuales, instalados mayoritariamente en países americanos, recurren a estos archivos históricos para rescatar los nombres de sus antepasados, conectar las ramas familiares rotas por el tiempo y presentar ante las autoridades españolas las pruebas que avalan su derecho imprescriptible al retorno. La maquinaria punitiva del pasado se convierte, de este modo, en el puente documental más sólido hacia el reencuentro definitivo con la nacionalidad de sus ancestros.
