NOELIA C. DEL TORO
Los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), actualizados mensualmente por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), muestran además un perfil muy definido entre quienes solicitan este reconocimiento: el 58% son mujeres y el 41% tiene 80 años o más.
La elevada presencia de personas de edad avanzada sitúa la dependencia como uno de los principales retos sociales asociados al envejecimiento de la población y a la necesidad de garantizar recursos asistenciales suficientes.
La mayor parte de los expedientes registrados en las Islas ha completado la fase de valoración. En concreto, 88.040 solicitudes cuentan ya con una resolución, lo que representa el 97,1% del total.
Por niveles de dependencia, el grupo más numeroso corresponde al Grado II, considerado dependencia severa, con 28.376 personas reconocidas.
Le sigue el Grado III o gran dependencia, con 26.808 personas, mientras que otras 23.542 están encuadradas en el Grado I, correspondiente a situaciones de dependencia moderada.
Estas cifras permiten dimensionar no solo el volumen de solicitudes, sino también las necesidades asistenciales de buena parte de las personas incorporadas al sistema.
El sistema contabiliza 95.191 prestaciones reconocidas, aunque no todas se encuentran todavía en funcionamiento. Según los datos disponibles, 79.889 prestaciones son efectivas, aproximadamente el 84% del total reconocido.
La diferencia entre prestaciones concedidas y efectivamente recibidas constituye una de las variables fundamentales para analizar el funcionamiento del sistema, ya que el procedimiento administrativo no finaliza con el reconocimiento del derecho, sino cuando el recurso asignado llega finalmente a la persona beneficiaria.
La prestación más extendida continúa siendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que alcanza a 34.686 beneficiarios y representa aproximadamente el 36% del conjunto de prestaciones.
Por detrás aparece la prestación económica vinculada al servicio, con 29.123 personas beneficiarias, seguida de la teleasistencia, que suma 14.761 usuarios.
El acceso a las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia comienza con la presentación de una solicitud para determinar el grado de dependencia de la persona interesada.
Tras esta petición debe realizarse la correspondiente evaluación y emitirse una resolución en la que se establezcan los servicios o las prestaciones económicas a los que tiene derecho el solicitante.
El procedimiento establece un plazo máximo de seis meses para resolver, aunque el proceso no termina hasta que la prestación económica o el servicio reconocido se hace efectivo.
Centros de día, atención residencial, ayuda a domicilio, teleasistencia y prestaciones económicas forman parte de un sistema diseñado para adaptarse al grado de autonomía y a las circunstancias personales de cada beneficiario.
Los datos permiten también conocer quién sostiene buena parte de los cuidados cotidianos de las personas dependientes en Canarias.
El Archipiélago registra 35.390 personas cuidadoras, de las que aproximadamente el 74% son mujeres. La cifra vuelve a mostrar el fuerte componente femenino de los cuidados familiares.
Casi la mitad de las personas cuidadoras tiene entre 50 y 66 años, un tramo de edad en el que numerosas familias compaginan obligaciones laborales, responsabilidades personales y atención continuada a familiares dependientes.
La relación familiar también resulta significativa. En más de seis de cada diez casos, quien presta los cuidados es un hijo, una hija o la madre de la persona dependiente.
El peso del cuidado en el entorno familiar explica, en buena medida, que la prestación económica destinada a este modelo continúe siendo la más frecuente dentro del sistema de dependencia en Canarias.
