JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Según consta en la calificación provisional de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar a las 16:00 horas del 27 de abril de 2019 en el domicilio de la madre del menor, Z.B. El acusado se hallaba a cargo del bebé, de tan solo cinco meses de edad, cuando este comenzó a presentar síntomas de letargo o estar "adormilado".
Con la intención de reanimarlo, pero actuando con una "falta absoluta del deber de cuidado" y de forma violenta, A. M. P. R. zarandeó al menor en repetidas ocasiones. Este mecanismo de aceleración y desaceleración brusca —compatible con el denominado síndrome del bebé sacudido— provocó al lactante un cuadro traumático de extrema gravedad: infarto cerebral izquierdo, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, síndrome convulsivo generalizado y hemorragias retinianas, que derivaron en hemiparesia derecha, disfunción motora y retraso psicomotor.
El menor precisó de asistencia facultativa inmediata e ingreso de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva Pediátrica (UMIPED), tratamiento en UMI, rehabilitación mediante fisioterapia y múltiples pruebas diagnósticas. Para su curación se requirieron un total de 284 días, durante los cuales atravesó 17 días con pérdida muy grave de la calidad de vida, 90 días con pérdida grave y 177 días impedido para sus ocupaciones habituales.
Como consecuencia de las lesiones cerebrales, la víctima sufre secuelas permanentes de gravedad: hemiparesia moderada (evaluada en 30 puntos según el baremo de accidentes y lesiones), epilepsia con trastorno de la conciencia con crisis generalizadas y parciales complejas (12 puntos) y un trastorno cognitivo con daño neuropsicológico grave (60 puntos).
El Ministerio Fiscal tipifica los hechos como un delito de lesiones por imprudencia grave del artículo 152.1.2.º del Código Penal, en relación con el artículo 149 del mismo cuerpo legal (lesiones que causan mutilación, inutilidad o grave deformidad). Al acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales registrados, se le imputa la autoría plena en virtud de los artículos 27 y 28 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.
Además de la pena de tres años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la acusación pública reclama la imposición de las costas procesales al acusado. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que A.M.P.R. indemnice a la madre del menor, Z.B., con la cantidad de 19.070 euros por los días de curación y lesiones temporales causadas, así como con 400.000 euros por el alcance de las secuelas neurológicas y motoras permanentes que padece el niño, cuantías a las que se aplicarán los intereses legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El procedimiento queda a la espera de la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
