JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El conflicto se remonta a diciembre de 2017, fecha en la que se constituyó la sociedad limitada con un capital social modesto de 3.000 euros. El socio aportó el sesenta y cinco por ciento de los fondos, mientras que la ahora procesada asumió el porcentaje restante y el control absoluto de la gestión como administradora única. El establecimiento comercial abrió sus puertas en febrero de 2018 en un local ubicado en la céntrica calle León y Castillo de la capital insular. Las discrepancias internas no tardaron en aflorar y, apenas tres meses después del arranque de la actividad comercial, la situación saltó por los aires.
A partir de mayo de ese mismo año, el cofundador perdió todo canal de comunicación con la gestora. La acusada aprovechó sus prerrogativas mercantiles para bloquear el acceso a los soportes telemáticos corporativos. Modificó las contraseñas del correo electrónico institucional empleado para la relación con proveedores y bloqueó el control de la banca online vinculada a las cuentas corrientes corporativas de una entidad bancaria tradicional. El aislamiento del socio mayoritario fue el preludio de una maniobra de apropiación material del negocio.
La maniobra continuó con el cambio físico de las cerraduras del local comercial. El trece de junio de 2018, la administradora procedió a rescindir unilateralmente el contrato de arrendamiento que la sociedad mantenía con la propiedad del inmueble. Inmediatamente después, en la misma fecha y sobre el mismo espacio físico, suscribió un nuevo contrato de alquiler a título personal y en su propio nombre. Bajo esta nueva cobertura individual continuó operando el mismo negocio de óptica, ignorando por completo la existencia de la sociedad mercantil, omitiendo la convocatoria de juntas generales y apropiándose del stock de existencias y del mobiliario comercial.
Los movimientos de fondos también figuran en el centro de la investigación penal. La gestión posterior vació las cuentas corrientes de la mercantil dejándolas sin saldo, sin justificar el destino de las cantidades retiradas ni someter a aprobación contable anual la situación financiera de la empresa. El quebranto patrimonial cifrado por la acusación pública asciende a 112.017,30 euros, importe que la representación legal del socio minoritario y perjudicado reclama judicialmente en concepto de indemnización por los daños irrogados.
Desde la perspectiva jurídica, el ministerio fiscal califica los hechos como un delito continuado de administración desleal. La tipificación penal contempla el subtipo agravado debido al volumen del perjuicio económico causado a la persona jurídica y a los socios afectados. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la petición punitiva se eleva a cuatro años de privación de libertad, inhabilitación especial para el sufragio pasivo, doce meses de pena pecuniaria con cuota diaria y la imposición de las costas procesales derivadas de la fase de juicio oral.
La vista oral se celebrará previsiblemente ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, órgano competente para enjuiciar delitos de esta entidad punitiva. La defensa de la procesada afrontará un complejo escenario probatorio para justificar las decisiones mercantiles adoptadas durante aquella crisis societaria estival. Un procedimiento que vuelve a poner bajo lupa los límites de la administración societaria y los deberes fiduciarios de lealtad en las pequeñas y medianas empresas.
