JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El contrato, con un valor estimado de 6.658.056,71 euros y tramitado mediante procedimiento abierto armonizado, busca cubrir la asistencia sanitaria de los centros CIEMI La Montañeta (Las Palmas de Gran Canaria) y CIEMI Valle Tabares (La Laguna, Tenerife), además del Centro de Medio Abierto de Santa Cruz de Tenerife.
Con una duración inicial de 2 años y capacidad de prorrogarse hasta un techo de 4 años, la licitación representa la mayor partida destinada a la atención médica de menores sometidos a medidas judiciales en el Archipiélago.
La secuencia de los hechos expone la fragilidad de la burocracia digital. La convocatoria inicial se lanzó formalmente en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26 de septiembre de 2025, acompañada de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La fecha límite fijada para la entrega de ofertas era el 9 de diciembre de 2025 a las 23:59 horas.
Los problemas afloraron el 1 de diciembre de 2025. La empresa Servicios de Ambulancias Médicas Urgentes Salvamento y Rescate, S.L. (conocida comercialmente como Samur) formalizó un recurso especial alegando opacidad.
A falta de solo 8 días para que venciera el plazo de presentación de propuestas, la plataforma no mostraba ni un solo dato sobre el personal a subrogar: ni salarios brutos anuales, ni antigüedad, ni categorías profesionales, ni tipos de contrato.
Para cualquier licitador, presentar una oferta económica a ciegas sin conocer el impacto real de la plantilla existente equivalía a firmar un cheque en blanco a ciegas.
Ante el recurso presentado por la mercantil, la respuesta de la Fundación IDEO no se hizo esperar. El 4 de diciembre de 2025, la Gerencia del organismo remitió un informe al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias aceptando de forma íntegra e inmediata la impugnación.
La explicación ofrecida por la entidad estatal rozó lo insólito en la gestión de fondos públicos. La Gerencia alegó que su intención era publicar la documentación laboral al mismo tiempo que una resolución para ampliar el plazo de presentación.
Sin embargo, la información contractual del personal, aunque figuraba adjuntada correctamente en el aplicativo interno del expediente, jamás se volcó a la plataforma pública debido a un "error material en el proceso de carga". La información quedó sepultada e inaccesible para todas las empresas competidoras durante semanas.
El baremo de la licitación estaba estructurado para repartir 100 puntos: 50 puntos asignados al precio, 40 puntos a mejoras operativas sobre el proyecto y 10 puntos reservados a la capacidad de coordinación evaluable por juicio de valor. Al no conocer el gasto salarial de origen, la competencia por los 50 puntos del apartado económico quedaba completamente distorsionada.
El Tribunal Administrativo validó el allanamiento total del órgano de contratación al comprobar que no se vulneraba el ordenamiento jurídico. Citando la doctrina fijada en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y precedentes del Tribunal Central, la autoridad arbitral acordó la estimación del recurso y declaró la nulidad absoluta del procedimiento.
La resolución obliga a la Fundación IDEO a hacer borrón y cuenta nueva: deberá modificar los pliegos, publicar de forma transparente los costes laborales y reabrir el contador desde cero para la recepción de ofertas.
Un traspié informático que posterga la adjudicación sanitaria de dos centros estratégicos donde la precisión, tanto en la enfermería como en los servidores informáticos, resulta fundamental.
