JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Según recoge el escrito del Ministerio Público en el marco del procedimiento abreviado 1143/2018, los hechos se desarrollaron en una finca familiar ubicada en el municipio de Teror. El acusado, aprovechando la relación derivada de ser la pareja sentimental del tío materno de la víctima, nacido en 2011, comenzó a llevar a cabo conductas de índole sexual con el niño en fechas anteriores a octubre de 2018.
La relación de hechos probados que sostiene la Fiscalía señala que el procesado se masturbó en al menos tres ocasiones en presencia del menor. Durante estos episodios, el acusado incitó al niño a realizar la misma práctica tras mostrarle vídeos de contenido pornográfico a través de su teléfono móvil para enseñarle cómo hacerlo. Asimismo, el escrito precisa que, en una de las ocasiones, el imputado llegó a tocar el pene del menor con un dedo.
El representante del Ministerio Fiscal hace constar que el acusado actuó movido por una atracción sexual hacia los menores de edad y subraya que estas vivencias han infligido en la víctima un daño psíquico y una huella psicológica directamente vinculados a los episodios enjuiciados. De las infracciones descritas se atribuye al acusado la responsabilidad directa en concepto de autor.
Por el delito continuado contra la libertad sexual, la acusación pública solicita dos años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y para el cuidado de menores durante la condena, prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante cinco años, cuatro años de libertad vigilada y seis años de inhabilitación especial para oficios con contacto con menores.
Por el delito de abuso sexual sobre menor de 16 años, la Fiscalía requiere 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitaciones accesorias similares, alejamiento a menos de 500 metros durante siete años, seis años de libertad vigilada y siete años de inhabilitación para profesiones con trato directo con menores.
El escrito refleja que el acusado contaba con una condena firme de 2014 por delitos contra la seguridad vial, lesiones y atentado, aunque no se aprecian circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en este proceso. Finalmente, la Fiscalía reclama que el imputado indemnice a los representantes legales del menor con 18.000 euros por los daños morales y las secuelas originadas, junto con el abono de las costas procesales.
