JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Durante décadas, la herida ha permanecido abierta, alimentada por el sentimiento de los vecinos que nunca aceptaron la pérdida de su soberanía local y que ven en aquel decreto una cicatriz histórica que el paso del tiempo no ha logrado cerrar.
La lucha por recuperar el pasado tomó forma legal a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo. En 2015, esta organización inició un procedimiento ordinario contra el Cabildo Insular de Gran Canaria, solicitando la nulidad de oficio de aquel acuerdo de 1939. La pretensión era clara: los demandantes buscaban cuestionar la legitimidad de un acto que consideran nulo de pleno derecho al haberse fraguado bajo unas circunstancias políticas que cuestionan su validez democrática.
El caso llegó hasta el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se vivió un proceso técnico complejo. El Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas, como codemandado, se opusieron a la revisión, defendiendo la validez de la estructura administrativa actual.
La magistrada a cargo del procedimiento, María del Carmen Monte Blanco, evitó en su sentencia entrar en el fondo del debate sobre la legalidad de la agregación de 1939, limitándose a la función revisora propia de su jurisdicción. La jueza determinó que la administración había incurrido en una dejación de funciones al no responder a la solicitud vecinal. Según la sentencia, al no existir un trámite previo, el tribunal valoró la denegación de esa apertura de expediente, subrayando que el objeto del proceso no es la nulidad sustantiva de la causa alegada, sino la necesidad de que se tramite ese expediente y se pronuncie la Administración al respecto.
La resolución fue contundente al señalar que no es posible conseguir en la Jurisdicción un pronunciamiento directo sobre la nulidad del acto cuya revisión se pretende en vía administrativa, pero obligó a la Corporación demandada a que tramite el procedimiento administrativo de revisión conforme a la ley, con el fin de que se pronuncie sobre la eventual concurrencia de los motivos de nulidad alegados. Aquella sentencia número 284/2016 fue, en esencia, un toque de atención a una administración que había optado por el olvido ante una demanda histórica que no hace más que crecer.
A pesar de que el mandato judicial fue claro, el proceso de sanación y revisión que exigía la justicia parece haberse estancado en los despachos burocráticos. La realidad es que, diez años después de que la lucha se intensificara, San Lorenzo sigue siendo un territorio administrativamente diluido en la capital, mientras la cuestión de su segregación permanece en una suerte de limbo político.
La paradoja es evidente: mientras la administración se protege bajo el formalismo legal, una parte significativa de la ciudadanía mantiene viva la reclamación de un municipio que fue borrado por un decreto de otra época. La sentencia de 2016 demostró que el olvido administrativo no es invencible, pero el paso del tiempo sugiere que, en la carrera entre la memoria histórica y la burocracia, la segunda suele utilizar la demora como su arma más eficaz para desgastar la voluntad de los vecinos.
