Antes de nada hay que decir que el PP de Canarias tanteó al presidente de la Cámara de Las Palmas, Luis Padrón, para concurrir en 2023 a las elecciones municipales de la capital grancanaria. El caso es que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria ha fracturado el discurso del bloque centroderechista en la Isla.

Mientras el Grupo Popular en el Cabildo interpreta el fallo como un éxito político frente al gobierno de Antonio Morales, la Cámara de Comercio de Gran Canaria —históricamente alineada con postulados de centro-derecha— ha emitido un aviso de socorro ante lo que define como una amenaza directa a la competitividad y la confianza inversora.

El PP: La oportunidad de la crítica política

Para los populares, la nulidad del PIO representa un "varapalo judicial y político en toda regla" que valida su posición de abstención durante la votación de 2022. La formación conservadora pone el foco en la negligencia administrativa, señalando que el gobierno insular erró al adaptar el documento a directrices turísticas derogadas en lugar de utilizar la Ley del Suelo de 2017. El PP utiliza el fallo como un mazo para golpear la gestión de Nueva Canarias y el PSOE, priorizando el relato de la incompetencia técnica sobre la estabilidad del marco jurídico.

La Cámara: Pragmatismo empresarial frente a ideología

En el lado opuesto, la Cámara de Comercio de Gran Canaria ha dejado a un lado la afinidad partidista para priorizar el realismo económico. En un comunicado inusualmente contundente, la institución manifiesta una "profunda preocupación" y evita entrar en el fango de los errores jurídicos que el PP tanto subraya. Para el órgano cameral, el PIO, con sus aciertos o errores, era el "marco moderno y sostenible" necesario para sacar proyectos del limbo. Su anulación no es vista por los empresarios como un triunfo de la legalidad, sino como un golpe al "interés general" que frena infraestructuras críticas.

Proyectos estratégicos en el limbo

La contradicción se agudiza al analizar el futuro del tejido productivo. Mientras el PP resta importancia a la vigencia del plan alegando que el Cabildo lo tenía "guardado en un cajón", la Cámara advierte que la nulidad deja en el aire la implantación de energías eólicas, fotovoltaicas y áreas industriales vitales. Lo que para el partido opositor es un documento inoperante, para la élite empresarial representa la única herramienta capaz de ofrecer seguridad jurídica. La Cámara alerta de que este escenario "ralentiza o paraliza inversiones clave", una advertencia que choca con la "serenidad" que el PP pide para analizar las consecuencias del fallo.

Incertidumbre normativa y confianza inversora

El choque de discursos revela una tensión interna en la derecha grancanaria: la lucha entre el desgaste electoral al oponente y la protección de la estabilidad de mercado. La Cámara de Comercio subraya que la estabilidad normativa es "fundamental para el desarrollo empresarial", desmarcándose de la celebración del PP. En este tablero, los directivos de la Cámara, con un perfil ideológico cercano al centro-derecha, parecen haber priorizado la continuidad de los planes de negocio sobre la oportunidad política de derribar el gran instrumento de planificación de la izquierda insular.

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