JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Conocida internamente como la Oficina de Infiltrados o de Información, la estructura busca emular a agencias globales de inteligencia en territorios insulares mientras intenta evitar que la legislación de transparencia obligue a publicar sus informes confidenciales en Internet.
El armazón legal sobre el que descansa esta red de espionaje regional es frágil. Mientras los Mossos d'Esquadra catalanes o la Ertzaintza vasca cuentan con décadas de rodaje normativo y convenios estatutarios con el Estado, el Ejecutivo canario avanzó por la vía de los hechos consumados adscribiendo agentes de la Policía Canaria a la Dirección General de Seguridad.
La jefatura técnica no dirige de forma exclusiva a esta brigada, pues los agentes responden operativamente ante un cargo de designación política.
Para proteger sus expedientes del escrutinio público, la Administración autonómica recurre a una colcha de retales normativos.
El antecedente más claro ocurrió con la erupción volcánica de La Palma en 2021, cuando el Gobierno insular denegó la entrega de actas del Pevolca e informes científicos del IGN e Involcan invocando la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y el derecho al "secreto de deliberación".
A falta de una ley de secretos propia, cualquier informe emitido por la Oficina de Infiltrados de Canarias sobre "inestabilidad social" o movimientos migratorios puede ser solicitado por un ciudadano mediante la Ley de Transparencia. Si un agente monitoriza redes sociales o investiga a colectivos sin una orden judicial previa, el riesgo de afrontar querellas por prevaricación o vulneración de derechos fundamentales es inmediato.
En el horizonte operativo de 2026, los estrategas del Archipiélago modelan la agencia a imagen de dos referentes insulares internacionales. Por un lado, miran al ISD de Singapur, un departamento de seguridad interna con capacidad para monitorear focos de agitación social y ejecutar arrestos preventivos.
Por otro lado, estudian la agencia MOCA de Jamaica, la Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency, una estructura autónoma especializada en inteligencia de alto nivel contra la corrupción política y las redes transnacionales.
El despliegue operativo de la unidad ha tenido un impacto directo en la gestión pública. Las investigaciones sobre la inmigración irregular derivados en la fiscalización de los centros de menores migrantes han exigido una dedicación permanente.
Para asegurar la cobertura de estos servicios en situaciones excepcionales, emergencias o eventos multitudinarios, el Gobierno canario aprobó una excepción laboral clave: los agentes adscritos a estas labores de inteligencia no están sujetos al tope legal de horas extraordinarias retribuidas que limita al resto de los empleados públicos de la comunidad autónoma.
El salto de una policía puramente administrativa creada en 2008 a un cuerpo dotado de inteligencia en redes sociales y agentes infiltrados representa el mayor avance en competencias de seguridad de la historia de Canarias. La falta de respaldo legislativo del Parlamento de Canarias convierte la iniciativa en una apuesta de alto riesgo jurídico.
El Ministerio del Interior y los jueces vigilan la evolución del servicio. Un servicio de información dependiente del mando político, sin cobertura del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni una ley de secretos que proteja sus fuentes, corre el peligro de transformarse en una herramienta de partido para auditar la protesta social.
Sin un escudo legal en el Boletín Oficial del Estado, la inteligencia canaria corre el riesgo de terminar desmantelada en las salas de los tribunales antes de neutralizar su primera amenaza real.
