JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La peripecia vital de Doña Clara Eugenia de Austria en el siglo XVII no constituye un drama de la soberanía o la hidalguía castellana; representa, más bien, la triste transición de una estirpe imperial hacia la gris contabilidad de una tienda de mercería en el barrio de Triana, donde el alma humana se convierte en la última heredera universal ante la certeza del colapso físico.
El rastro documental de las grandes dinastías suele disolverse en las fronteras de los imperios con la misma facilidad con que el océano deshace la cal de las paredes costeras. En el año 1993, el historiador Esteban Alemán Ruiz localizó en el Archivo Histórico de la Diócesis de Canarias un expediente judicial rotulado con una pomposa contundencia: Autos de inventario y almoneda de los bienes que quedaron por fin y fallecimiento de Doña Clara Eugenia de Austria. La irrupción de este apellido en los registros de Las Palmas desató de inmediato el apetito de los genealogistas insulares, propensos a conectar los linajes locales con los mitos regios de la Península. La literatura histórica previa, firmada por investigadoras como Mercedes Fórmica, ya había intentado trazar el itinerario de esta mujer, vinculándola con la trágica peripecia de Ana de Jesús y el falso pastelero de Madrigal, Gabriel de Espinosa, aquel mitómano ajusticiado en 1595 tras hacerse pasar por el rey Don Sebastián de Portugal.
Las pesquisas contemporáneas de Alemán Ruiz operan como un solvente químico sobre estas construcciones románticas. La tradición popular canaria ha insistido de forma tenaz en que el monarca portugués sobrevivió a la batalla de Alcazarquivir y terminó sus días confinado en la casa-fuerte del Romeral, dejando una descendencia que entroncaría con la familia Guedes a través de la misteriosa Clara Eugenia. Sin embargo, los datos empíricos desmienten este ensamblaje novelesco. La reconstrucción biográfica sitúa a Doña Clara Eugenia contrayendo nupcias en Gran Canaria en febrero de 1629 con Pedro Pablo Rey y, tras enviudar, reincidiendo en el matrimonio en diciembre de 1636 con Manuel de Morales. El análisis de estas actas no revela la existencia de una princesa desterrada moviendo los hilos de una conspiración atlántica, sino la presencia de una mujer integrada en la modesta burguesía urbana de una capital insular.
La realidad material de la colonia se impone siempre sobre las fantasías de la heráldica. Doña Clara Eugenia de Austria fijó su residencia en el barrio de Triana, una zona portuaria y comercial de Las Palmas que miraba de frente al sector señorial de Vegueta. En las inmediaciones del puente de palo, la supuesta nieta de Don Juan de Austria adquirió una modesta casa terrera y estableció en ella una tienda de mercería que financió exclusivamente con su propio patrimonio. Los documentos notariales rescatados por Alemán Ruiz certifican que su segundo esposo, Manuel de Morales, no aportó capital alguno al matrimonio; por el contrario, consumió más de 57.500 euros del caudal de su mujer en aventuras comerciales fallidas, incluyendo la construcción de un barco grande destinado a la pesquería que naufragó en su primer viaje.
El uso del tratamiento de "doña" en las actas judiciales de la época ha inducido a frecuentes errores de interpretación social. A mediados del siglo XVII, este prefijo había perdido en la Corona de Castilla su carácter estrictamente nobiliario, convirtiéndose en un indicador genérico de cierta holgura económica o respetabilidad vecinal. El inventario de los bienes de Clara Eugenia desvela un nivel de vida confortable pero alejado de la opulencia de la aristocracia terrateniente. La tienda albergaba un surtido de telas y géneros de mercería valorados en 3.450 euros, además de 13 pinturas, piezas de plata y sortijas de oro. La tasación final de su vivienda, rematada en la almoneda pública, alcanzó los 13.800 euros. La ausencia total de esclavos o de bienes raíces confirma que la existencia cotidiana de la protagonista transcurría entre el mostrador de su negocio y la gestión de las deudas domésticas.
La verdadera fricción jurídica comenzó el 11 de noviembre de 1648, pocas horas después del fallecimiento de la propietaria. Clara Eugenia había redactado un testamento singular en el que instituía a su propia alma como heredera universal de todos sus bienes, una fórmula religiosa común en el Barroco pero que generaba graves complicaciones administrativas si existían herederos forzosos. El corregidor de la isla, actuando como juez ordinario, envió inmediatamente al licenciado Nicolás de Herrera Leiva para tomar posesión de la casa de Triana, lo que desencadenó un violento conflicto de jurisdicciones con las autoridades eclesiásticas, quienes respondieron fulminando al comisionado real con la excomunión pública.
El litigio civil se fundamentaba en la sospecha de que la difunta había mentido en su declaración testamentaria. Clara Eugenia afirmó en su última voluntad haber tenido un hijo llamado Juan de Rojas con su primer marido, asegurando que el menor había muerto en España durante su infancia. La justicia real de la isla de Gran Canaria desmontó esta versión presentando a 4 vecinos que declararon haber conocido al joven Juan en Las Palmas. La mulata Petronia González confesó que la madre lo había enviado a las Indias siendo un muchacho y que aún esperaba su regreso, un retorno para el que guardaba en metálico 3.450 euros en el interior de sus baúles. Otros testigos afirmaron haber visto a Juan de Rojas en Ciudad de México presentándose a la plaza de soldado para las islas Filipinas, lo que invalidaba la teoría de su fallecimiento temprano y abría la posibilidad de una reclamación legal sobre los bienes confiscados.
La fase más reveladora del proceso judicial aportó testimonios que vinculaban directamente a la difunta con la corte madrileña y el ambiente andaluz. El licenciado Jorge Díaz declaró ante el tribunal haber conocido a Clara Eugenia en Sevilla antes de su matrimonio, recordando la presencia en su hogar de un niño de pocos años al que siempre llamó hijo. Más explícita fue la testificación de Ana María de Cantabrañas, una mujer de 55 años que declaró haber tratado a la protagonista en la Villa de Madrid, donde servía como doncella en la casa de la Marquesa de Auñón. Cantabrañas detalló que, con posterioridad, volvió a encontrarla en Sevilla, en la calle del Agua, donde Clara Eugenia le confesó que el niño de 2 años que criaba era fruto de una relación con un caballero tinerfeño natural de Icod de los Vinos, llamado Don Juan de Rojas.
Estas revelaciones arrojaron una luz cruda sobre el pasado que la difunta pretendía sepultar en su testamento. La red de relaciones afectivas y los traslados geográficos entre Madrid, Sevilla, Tenerife y Gran Canaria dibujan el perfil de una mujer que utilizó el prestigio de su apellido para abrirse paso en la sociedad colonial mientras ocultaba la filiación natural de su primogénito. La sentencia final de la Real Audiencia de Canarias ignoró los testimonios de los vecinos y falló a favor de la jurisdicción eclesiástica, permitiendo que el inventario de los bienes siguiera su curso. La casa de Triana fue vendida a un oficial lanero, y 17.250 euros del capital se destinaron a financiar las 83 misas y la capellanía perpetua que la mercader había ordenado en el convento de San Francisco para el descanso de su espíritu, una suma considerable frente a deudas como los 7.590 euros que debía de forma mancomunada desde 1642. Los presuntos herederos, Manuel de Morales —visto por última vez por un indiano en el Morro de La Habana— y el soldado Juan de Rojas, quedaron definitivamente excluidos del reparto, diluyéndose en el anonimato de las provincias americanas.
