JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El proyecto, enmarcado en el Componente 16 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, contaba con un presupuesto global superior a los 26 millones de euros para el bienio 2024-2025. La renuncia de SkydWeller, que tenía asignada una de las mayores partidas presupuestarias del grupo, ha obligado a la administración regional a paralizar los pagos y exigir una justificación exhaustiva de los gastos ya ejecutados.
La entidad solicitó reconocer como elegibles los trabajos realizados hasta la fecha del siniestro, valorados en más de 2,8 millones de euros, para intentar justificar los 1,4 millones de euros ya percibidos como anticipo en 2024. No obstante, la ACIISI ha detectado deficiencias documentales significativas que impiden, por el momento, validar la liquidación parcial.
Ante la omisión de requisitos exigidos en la convocatoria, el Jefe de Servicio de Sociedad de la Información ha emitido un requerimiento formal. SkydWeller dispone ahora de un plazo de 10 días hábiles para presentar una cuenta justificativa completa. Este documento debe incluir, entre otros aspectos, un informe de auditoría, justificantes de pago, memoria de actuación y evidencias del impacto de género y transición ecológica.
La administración ha sido tajante respecto a las obligaciones de cumplimiento. Se exige a la empresa acreditar mecanismos rigurosos para prevenir el fraude, evitar conflictos de interés y garantizar el cumplimiento del principio de "No Causar Daño Significativo al Medioambiente" (DNSH). La falta de subsanación en el plazo estipulado supondrá el desistimiento de la petición y la apertura de los mecanismos de reintegro total de las cantidades anticipadas no justificadas.
Este escenario sitúa a la agrupación RETECH4CAN, coordinada por el Parque Tecnológico de Fuerteventura, en una fase de incertidumbre operativa. La normativa vigente obliga a una reformulación del plan de proyecto si una de las partes desiste, proceso que debe gestionarse con al menos dos meses de antelación al fin de la ejecución. La resolución de esta crisis determinará si el programa puede cumplir con los hitos previstos o si el impacto de esta renuncia afectará a la viabilidad técnica y financiera de los objetivos de bioeconomía forestal planteados para el Archipiélago.
El control sobre estos fondos europeos es máximo. La ACIISI ha recordado que cualquier remanente no aplicado debe ser reintegrado con los intereses correspondientes. Mientras se resuelve este trámite administrativo, queda en el aire la continuidad de las soluciones tecnológicas de monitoreo forestal que este consorcio pretendía implementar, dejando en suspenso una parte fundamental de la inversión en innovación territorial en Canarias.
