JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El dinero no siempre compra la soberanía. En la Gran Canaria del siglo XVIII y principios del XIX, la independencia política se medía en fanegas de trigo, barriles de aguardiente y la distancia exacta que separaba a un vivo de su derecho a ser enterrado en sagrado. El archivo histórico de la Real Audiencia desvela un mapa insular donde los municipios modernos no nacieron de sesudos debates ilustrados, sino de disputas territoriales, cacicatos rurales y el empeño de los vecinos por escapar del yugo fiscal y administrativo de las grandes matrices.
Bajo el Antiguo Régimen, la Administración Local se sustentaba en la institución del Cabildo, con sede en la ciudad de Las Palmas. Su jurisdicción se extendía tanto en lo político como en lo económico a los distintos lugares de la Isla. El regimiento estaba integrado mayoritariamente por regidores perpetuos cuyas plazas estaban vinculadas a las principales familias de la capital, unos cargos que se vendían o transmitían por vía hereditaria. Los pueblos del interior eran meras sucursales gobernadas por alcaldes reales elegidos a dedo por el Corregidor.
La reforma de Carlos III en 1766 introdujo un sistema de votación indirecta para elegir diputados del común y síndicos personeros. A través de este teatro, los vecinos organizados por pagos elegían compromisarios que luego designaban los cargos, abriendo la puerta a un juego de alianzas familiares, coacciones e ingenio rural. La geografía dictaba la política. La emancipación de la Vega de Arriba, actual San Mateo, y de Valsequillo en 1802 inauguró una tendencia donde la fe precedía al fuero. En San Mateo, el motor de la independencia fue una humilde ermita erigida a finales del siglo XVII.
El obispo Verdugo elevó el templo a parroquia en 1800 presionado por una realidad macabra: las quinientas almas del pago vivían demasiado lejos de la parroquia de Santa Brígida, y el pésimo estado de los caminos reales, enfangados por el invierno, impedía recibir los sacramentos o enterrar a los muertos antes de que la putrefacción hiciese estragos. Lograda la bendición eclesiástica, los vecinos acudieron a la Real Audiencia exigiendo alcaldes y oficiales propios.
El nacimiento de Valsequillo como entidad autónoma siguió un guion similar, sazonado con la viva resistencia de la oligarquía de Telde. Los curas de la iglesia matriz de San Juan de Telde dilataron el proceso todo lo posible para no perder los diezmos de una de las zonas más ricas de la comarca. El obispo Verdugo, temiendo el aislamiento invernal de los fieles, firmó el auto de desmembración en Teror. Los vecinos ya habían equipado la nueva ayuda de parroquia con pila bautismal, vasos sagrados y aceite para las lámparas. Telde contraatacó en los tribunales, alegando que el Obispo carecía de competencias.
La escasez de oidores en la Real Audiencia, provocada por las guerras coloniales y europeas, congeló el litigio y consolidó la autonomía de facto del nuevo pueblo. El dinero indiano también financió la fragmentación del territorio. El municipio sureño de Mogán debe su existencia al aguardiente, el añil, el azúcar y el tabaco. Estas fueron las mercancías que don Matías Sarmiento, un próspero emigrante en La Habana originario de Tejeda, envió de vuelta a su isla natal.
El beneficio de aquellas ventas financió la construcción de la ermita de San Antonio de Padua en 1808. Seis años después, los noventa vecinos del pago utilizaron ese templo como argumento legal ante la Audiencia, alegando las siete leguas de escarpados barrancos que los separaban de Tejeda para exigir su propio juez y librarse del aislamiento.
En el sureste, la villa de Ingenio se desgajó de Agüimes por motivos estrictamente sanitarios. El imponente Barranco de Guayadeque se volvía intransitable con las lluvias, imposibilitando el traslado de los difuntos al cementerio de la matriz. Los vecinos edificaron su camposanto antes de tener siquiera la autorización para la parroquia de la Candelaria, que llegó en 1815 tras superar las quejas del párroco de Agüimes por la pérdida de sus rentas. Las actas notariales demuestran que el subteniente don José Ramírez asumió la primera alcaldía de Ingenio en 1816, adelantándose a las crónicas oficiales que fechaban la separación tres años más tarde.
Firgas representa la anomalía absoluta de este proceso. Historiadores como Viera y Clavijo consideraban este territorio un simple pago dependiente de Arucas. Firgas operaba con una independencia fáctica desde el siglo XVII. Su alcalde real empeñaba sus propios bienes materiales como hipoteca para garantizar el buen gobierno de la zona. Sus representantes solicitaban tierras realengas en la Montaña de Doramas, reparaban caminos y organizaban las fiestas de San Roque sin pedir permiso a las autoridades de Arucas. Cuando las Cortes de Cádiz intentaron regularizar los ayuntamientos, los firguenses nombraron concejales y un curioso "alcalde de agua" para gestionar los heredamientos de las acequias locales.
El último municipio en sumarse a la lista decimonónica fue Valleseco, emancipado de Teror en 1842. El proceso dejó una disputa cartográfica que tardó años en cerrarse. El ayuntamiento de Teror aceptó la separación, pero el presbítero don Vicente Pérez Marrero, encargado de trazar las nuevas fronteras, desobedeció las órdenes. El sacerdote incluyó los pagos de La Culata y Madre del Agua dentro de Valleseco. El deslinde provocó un enfrentamiento vecinal que la Diputación Provincial zanjó con una solución salomónica: La Culata permaneció en Teror y Madre del Agua pasó al nuevo ayuntamiento.
La política municipal distaba de ser democrática. El acceso a los cargos estaba blindado por la fortuna personal y los títulos militares o de hidalguía. Las elecciones anuales eran propicias al fraude y al boicot. En Gáldar, las elecciones de 1785 se suspendieron porque el alcalde saliente, José Mederos, se negó a convocar las urnas. El regidor actuaba bajo el dictado de su padrino, el influyente capitán Esteban Ruiz de Quesada, quien pretendía colocar a sus allegados en el pósito de grano y en la judicatura local.
En Artenara, el descontento de los pagos obligó en 1796 a implantar un turno rotatorio para que la alcaldía recayera de forma sucesiva en los barrios de Acusa, Las Cuevas y el casco histórico. El aislamiento forjó un archipiélago de pequeñas repúblicas rurales unidas por el interés, la fe y la supervivencia.
