Una década de parálisis para el teleférico urbano de Las Palmas: el proyecto de 10,5 millones que iba a conectar Santa Catalina y La Isleta

Se cumplen diez años desde que el litoral capitalino perdiera una de sus apuestas empresariales más ambiciosas para redefinir el ocio y la experiencia del visitante. El proyecto del teleférico de Las Palmas, una iniciativa privada diseñada para enriquecer la oferta de turismo urbano a través de una inversión prevista de 10,5 millones de euros, permanece bloqueado en los despachos institucionales una década después de su presentación pública. La propuesta, que buscaba emular infraestructuras operativas en destinos como Agadir o la vecina isla de Tenerife, colisionó con la oposición de colectivos medioambientales de la capital, cuyo veto técnico e ideológico terminó por sepultar una atracción estratégica para el desarrollo económico del norte insular.

La propuesta original, ideada por el ingeniero industrial Rafael Santana y canalizada a través de la sociedad Teleférico de Las Palmas SL, planteaba la instalación de un sistema de transporte por cable de 2.270 metros de longitud en línea recta. El trazado estaba diseñado para enlazar el istmo de Santa Catalina con la Montaña del Vigía, uno de los conos volcánicos integrados en la zona militar de La Isleta. La infraestructura proyectaba una línea de 18 góndolas que sobrevolarían el barrio a una altura de entre ocho y quince metros, permitiendo que hasta 600 visitantes por hora completaran el trayecto panorámico en apenas siete minutos de recorrido sin fin.

El proyecto nació con un fuerte respaldo político e institucional, siendo catalogado en su origen como un "proyecto tractor" por el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, quien preveía sinergias inmediatas con el entorno del acuario Poema del Mar. El alcalde de la ciudad en aquel periodo, Augusto Hidalgo, defendió la viabilidad de la atracción tachándola de propuesta "emblemática y nada insólito", equiparándola a instalaciones similares plenamente integradas en fachadas marítimas como la del puerto de Barcelona. El Consistorio valoraba especialmente la oportunidad de abrir al uso ciudadano y turístico un entorno volcánico singular e histórico, históricamente restringido por su uso militar defensivo.

El plan de negocio de los promotores canarios contemplaba una concesión administrativa a 50 años sujeta a la declaración de interés general por parte del Cabildo y el Gobierno de Canarias. La inversión privada, calculada para ser recuperada en un plazo de cinco años mediante financiación propia y fondos de la Unión Europea, estimaba además la creación de 30 puestos de trabajo directos y un plazo de ejecución de las obras de apenas ocho meses una vez obtenidas las licencias. El compromiso empresarial incluía una partida de 100.000 euros destinada en exclusividad a la limpieza y restauración ambiental del dañado volcán del Vigía, planeando incluso la recuperación de tres cañones históricos como elemento de valor añadido para el destino.

El bloqueo definitivo del teleférico frustró una operación de regeneración urbana que dependía del visto bueno final del Ministerio de Defensa para habilitar el uso de los terrenos de La Isleta. La presión de los sectores conservacionistas metropolitanos paralizó la obligatoria suspensión del planeamiento urbanístico, impidiendo la reactivación patrimonial de la montaña. Diez años después del anuncio que pretendía transformar el frente marítimo de Santa Catalina, el proyecto sobrevive únicamente en el debate político local como el ejemplo de una oportunidad perdida para diversificar el modelo alojativo y de ocio de la capital frente a los grandes complejos del sur de la Isla.