JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
No había misticismo en aquellas iglesias de medianías; solo contabilidad pura, un cruce metódico de censos, deudas incobrables que equivalían a millones de euros de hoy y pleitos notariales por el derecho a ser enterrado bajo el suelo de piedra del templo, como si el espacio sacro fuera la última transacción posible para garantizarse una parcela de confort en la nada de la eternidad.
Ocurría que la configuración económica del entorno rural de Gran Canaria entre 1598 y 1621 desvela un sofisticado mercado de capitales e imposición fiscal capitaneado por las fábricas parroquiales. Lejos de actuar como meros centros de culto, las iglesias rurales operaron como los principales motores financieros de las medianías y costas de la isla mediante la exacción de derechos feudales y la concesión de créditos a propietarios e industrias agrícolas.
Para calibrar el impacto real de este entramado de poder, la actualización de los balances a la divisa actual —estimando el valor de la plata y la inflación acumulada hasta el cierre de mercado de ayer— sitúa la liquidez de estas instituciones en magnitudes propias de la banca corporativa contemporánea.
El registro de ingresos y gastos destinados al culto y mantenimiento eclesiástico destaca una profunda brecha de riqueza estructural entre las diferentes demarcaciones. San Sebastián de Agüimes, bajo el patronato directo del señorío episcopal, se consolidó como la plaza más lucrativa del sector eclesiástico insular.
Registró un alcance líquido neto de 2.896.014 maravedíes de la época, un montante que con la inflación acumulada equivale hoy a 1,01 millones de euros. En el extremo opuesto, las parroquias de montaña y zonas desfavorecidas acusaron una vulnerabilidad crónica. La villa de La Vega apenas reportó un saldo positivo de 22.121 maravedíes (7.742 euros actuales), mientras que Nuestra Señora de la Candelaria de Moya sobrevivió en la penuria con un saldo de 44.490 maravedíes (15.571 euros), viéndose obligada a detraer fondos de sus censos para el sustento básico de su clero.
La principal anomalía en los balances contables de la Iglesia radica en el volumen de las deudas sin cobrar, que representaron el 45,49% de los ingresos potenciales agregados de las parroquias de la isla, sumando un pasivo total de 6.150.724 maravedíes (el equivalente actual a 2,15 millones de euros).
Esta debilidad institucional forzó a los mayordomos eclesiásticos a entablar costosos litigios. En la rica parroquia de Santiago de los Caballeros de Gáldar —cuyo saldo neto ascendió a 568.527 maravedíes o 198.984 euros de ayer—, la falta de cobro de los corridos de un censo de 92.000 maravedíes (32.200 euros) perteneciente a Juan Antonio de Soberanis derivó en un largo proceso ejecutivo que incluyó el embargo de esclavos y sementeras.
Para contrarrestar estos descubiertos y la falta de ingresos fijos en las zonas donde no existía derecho a diezmo, los visitadores episcopales impusieron una estricta política de inversión en censos enfitéuticos, que constituyeron el 13,13% de la recaudación total. Los tributos cobrados sobre casas, cuevas y tierras labradías supusieron el principal ingreso efectivo en Santa María de Guía (34,10%) y en la humilde pila de Moya (35,37%).
En las ricas zonas costeras de Arucas y Gáldar, los mayordomos impulsaron activamente la sustitución de los cultivos perecederos de caña de azúcar por plantaciones de viñedos, exigiendo contractualmente a los censualistas la siembra de buenas vides para garantizar rentas anuales estables e inmunes a la volatilidad del comercio atlántico.
El diezmo, equivalente al 20,87% de los ingresos eclesiásticos de la isla, continuó siendo el pilar de los beneficios curados con derecho a terzuelo, como Gáldar y Agaete. La base imponible estaba constituida por la producción de cereales panificables —trigo, cebada y centeno—, complementada por los recudimientos de quesos, ganado y azúcar en las zonas bajas. Estos flujos de capital permitieron a los templos costeros costear servicios suntuarios como organistas y monaguillos, un lujo inalcanzable para las parroquias del interior.
La coyuntura estuvo fuertemente condicionada por factores exógenos como las crisis de subsistencia, la plaga de langosta de 1607, las incursiones de corsarios holandeses y, fundamentalmente, la epidemia de peste que asoló la isla entre 1601 y 1604. En los peores momentos de la crisis sanitaria, el clero secular abandonó los curatos rurales por falta de rentas dignas, obligando al obispado a delegar de forma temporal el servicio pastoral en los frailes dominicos y franciscanos. Esta intrusión del clero regular desató una guerra por los derechos de sepulturas y limosnas, ingresos casuales que resultaban vitales para la supervivencia de las fábricas parroquiales más deprimidas.
