JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Tras un proceso administrativo que se ha prolongado durante meses, la Dirección General de Energía ha validado finalmente los cambios solicitados por el Consejo Insular de la Energía para optimizar el punto de conexión a la red de una instalación que ya genera 1.284 kW de potencia limpia.
El trasfondo de esta resolución es una crónica de precisión técnica. La planta, que ya contaba con autorización de puesta en servicio desde mayo de 2024, requería una actualización en su infraestructura de evacuación para ganar eficiencia. El proyecto, redactado por el ingeniero industrial Juan Miguel Macario, planteaba la necesidad de un nuevo centro de entrega prefabricado y la instalación de dos tramos de líneas subterráneas de media tensión. Estas conducciones, una de 30 metros y otra de 8 metros, son las encargadas de enlazar el centro de transformación con el punto de conexión en la línea Rocasuárez, un nodo estratégico dependiente de la subestación Barranco Seco.
El trámite ha servido como termómetro de la burocracia actual en el Archipiélago. El expediente recorrió las mesas de una decena de organismos públicos, desde la Dirección General de Salud Pública hasta Red Eléctrica de España. La armonización de criterios ha sido el verdadero desafío. Mientras las autoridades carreteras daban su visto bueno al no existir afecciones a la red regional, el Servicio de Cambio Climático ponía sobre la mesa una exigencia mucho más ambiciosa. En su informe, este servicio señalaba que el proyecto debía alinearse mejor con la Ley Canaria de Cambio Climático, reclamando proyecciones climáticas más precisas, estudios de vulnerabilidad ante amenazas meteorológicas y un cálculo riguroso de la huella de carbono mediante análisis de ciclo de vida.
La respuesta de los promotores ante estas exigencias climáticas fue tajante. El Consejo Insular de la Energía defendió que la instalación ya contaba con sus permisos y que, al situarse sobre las cubiertas de las naves del propio Ecoparque, quedaba fuera de ciertas exigencias de evaluación ambiental comunes en los parques solares de suelo. Esta tensión dialéctica no ha frenado el avance de las obras, sino que ha dibujado las nuevas fronteras de la gestión energética en las islas: ya no basta con producir energía renovable, ahora se exige una trazabilidad absoluta de cada gramo de CO2 emitido durante la construcción y la vida útil de los componentes.
La resolución definitiva llega con condiciones estrictas. La distribuidora eléctrica, Edistribución, en la órbita de Endesa, impuso un protocolo técnico de alta exigencia para el nuevo centro de seccionamiento. Entre las obligaciones destaca la creación de una acera perimetral con alta resistividad superficial para garantizar la seguridad frente a tensiones de paso y contacto, un detalle que subraya la complejidad de integrar renovables en entornos industriales ya tensionados.
Este movimiento en Salto del Negro es un microcosmos de lo que ocurre en toda la red eléctrica insular. La planta de 1,284 kW no es solo una instalación de paneles solares; es una pieza dentro del puzle de la descarbonización de Gran Canaria. Ahora, con el beneplácito administrativo bajo el brazo, el Consejo Insular tiene un plazo de dos años para ejecutar la modificación. Mientras el sistema eléctrico canario lucha por reducir su dependencia de los combustibles fósiles, cada metro de cable subterráneo y cada nuevo centro de seccionamiento en el Ecoparque Norte se convierten en un pequeño paso hacia un modelo energético más autónomo, donde la gestión de la conexión es tan importante como la captación de la luz solar.
