JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El volumen de negocio estrictamente ligado a la explotación de los aparcamientos y la gestión regulada en superficie constituye la columna vertebral de los ingresos ordinarios de la sociedad, aportando la práctica totalidad de los 12,1 millones de euros facturados en el ejercicio 2025. Esta cifra operativa, que bate el registro de 10.991.741,71 euros del año anterior, refleja una intensa captación de liquidez diaria a través de la red de estacionamientos subterráneos de rotación y las zonas de aparcamiento regulado en la vía pública (zona azul y verde).
Sin embargo, bajo el prisma técnico-fiscal, este incremento de facturación comercial por el uso del espacio público pierde tracción y autonomía debido a una estructura de costes rígida y al drenaje latente de los litigios por concesiones fallidas de aparcamientos, obligando a la mercantil a sostener su cuenta de resultados mediante la inyección recurrente de transferencias y la imputación obligada de 1,1 millones euros en subvenciones de capital del Ayuntamiento para no comprometer el margen neto de explotación.
La incapacidad de la mercantil para trasladar el aumento de los ingresos ordinarios al beneficio neto responde al crecimiento desmedido de sus costes de estructura, principalmente en el capítulo de personal. Los gastos de personal constituyen la mayor vía de drenaje de los recursos de la entidad reguladora del estacionamiento municipal. Esta partida escaló de los 6,4 millones euros en 2024 hasta los 7,2 millones de euros en 2025, un incremento absoluto de 800.565,12 euros en solo doce meses, impulsado por una masa salarial media fija de 169,54 trabajadores.
El desequilibrio se profundiza con los denominados otros gastos de explotación, que devoraron 2,3 millones de euros, y con las dotaciones a la amortización del inmovilizado, fijadas en 2,4 millones de euros. El rendimiento neto de la actividad ordinaria queda así indexado a factores externos a la eficiencia del servicio regulado. El balance contable se sostiene artificialmente mediante la regularización e imputación temporal de transferencias públicas de capital.
La firma de auditoría independiente Luján Auditores catalogó las subvenciones, donaciones y legados como el aspecto más relevante del examen fiscal debido a su materialidad cuantitativa. SAGULPA mantiene reflejados en el patrimonio neto de su balance de situación 10,7 millones de euros por este concepto, una cantidad sustancialmente inferior a los 14.431.084,98 euros registrados el año anterior. Para equilibrar las cuentas del ejercicio analizado, la dirección procedió a la imputación a resultados de 1.182.878,50 euros procedentes de estas subvenciones oficiales y cesiones del Ayuntamiento capitalino, correlacionándolas con el gasto de amortización técnica para maquillar el margen de explotación.
El pasivo de la empresa arrastra obligaciones financieras a largo plazo y saldos de cobro dudoso derivados de crisis de contratas previas. El pasivo no corriente detalla compromisos por valor de 7.319.778,50 euros, donde se integran 3.747.237,75 euros tipificados como otros pasivos financieros. En el apartado de litigios e insolvencias, destaca el bloqueo del acuerdo transaccional para la recompra del aparcamiento La Feria.
Sagulpa posee avales depositados en el Banco Santander como prenda de los adquirentes de plazas, activos cuya ejecución resulta inviable debido a la quiebra formal de la mercantil contraparte (Mazotti), forzando el mantenimiento de deudas concursales bajo la categoría de créditos ordinarios ante la manifiesta falta de liquidez de la administración concursal.
La liquidez a corto plazo muestra un estrangulamiento de los saldos deudores del sector público, compensado únicamente por la caja acumulada. Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar sufrieron un desplome contable al pasar de 6.901.103,95 euros a 2.596.027,40 euros, provocado por la variación en la partida de otros créditos con las Administraciones Públicas, que descendió de 5.802.045,16 euros a 1.849.243,47 euros. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes se situaron al cierre del periodo en 2.844.183,90 euros, lo que permite atender el pasivo corriente inmediato de 2.531.903,55 euros, dentro del cual los acreedores comerciales representan el grueso de las obligaciones exigibles con 2.067.200,71 euros.
