JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El nuevo protocolo modifica sustancialmente el uso recreativo de las cumbres canarias al prohibir por completo las barbacoas portátiles en todas las áreas de acampada, albergues y zonas recreativas de gestión insular. El uso del fuego en estos espacios naturales quedará estrictamente limitado a las barbacoas fijas de obra y al empleo de cocinas portátiles que utilicen bombonas de gas de menos de 13 kilos. Asimismo, el Cabildo ha decretado el veto general a las quemas de residuos forestales y agrícolas, una actividad tradicional que a partir de ahora solo se permitirá bajo autorizaciones excepcionales justificadas por estrictos motivos fitosanitarios o de sanidad animal.
Los espectáculos pirotécnicos e introducción de material inflamable también quedan erradicados de las zonas boscosas o áreas con trayectorias de riesgo de dispersión de chispas. El control de la administración insular se endurecerá de forma automática en el momento en que se declare cualquier nivel de alerta por parte de la Dirección General de Emergencias regional o el propio Cabildo. Este escenario de riesgo meteorológico implicará el cierre inmediato de las zonas de descanso en carreteras y la clausura total de enclaves de alta afluencia como el Área Recreativa de Tamadaba y la Zona de Acampada de Llanos de la Mimbre, restringiendo el paso rodado por la vía GC-216.
El impacto de las prohibiciones alcanza de lleno a la actividad económica rústica de la Isla al paralizar el carboneo, el uso de fuego en la apicultura y el empleo de maquinaria pesada capaz de generar descargas eléctricas o deflagraciones. Equipos comunes de trabajo como radiales, amoladoras, motosierras o soldadores no podrán utilizarse en una franja de protección de 400 metros alrededor de la masa forestal, limitando el tránsito por pistas rústicas exclusivamente a personal de vigilancia, servicios de extinción y residentes locales. La normativa solo exime de estas restricciones de paso a los terrenos situados a menos de un kilómetro del suelo urbano consolidado.
La actividad cinegética en la Isla se enfrenta igualmente a un parón forzoso durante los meses de verano debido a este estricto paquete de medidas preventivas. Los cazadores verán suspendido el ejercicio de la caza en todo el territorio de Gran Canaria de forma temporal en el momento exacto en que las autoridades activen la situación de alerta o alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Esta restricción total busca minimizar la presencia humana y evitar cualquier factor de riesgo en los montes durante los días de meteorología más adversa.
La responsabilidad de la prevención frente a los fuegos estivales se traslada de igual modo a los propietarios privados con fincas en el entorno boscoso. El decreto obliga a que cualquier vivienda, edificación o instalación industrial situada en monte disponga de una franja de seguridad de al menos 15 metros de anchura, la cual debe permanecer completamente limpia de matorral espontáneo, residuos o vegetación seca. El mandato del Cabildo, comunicado formalmente a la comandancia de la Guardia Civil, al Seprona y al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agota la vía administrativa y sitúa a los cuerpos de seguridad en estado de vigilancia permanente ante el inicio de la campaña forestal.
