JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La maniobra administrativa responde a la necesidad de alinear la red de saneamiento municipal con el Reglamento General de Costas. El artículo 152 del Real Decreto 876/2014 exige que cualquier vertido industrial o contaminante desde tierra al mar cuente con un proceso de exposición pública antes de recibir luz verde. Este paso es fundamental para mitigar los riesgos de sanciones europeas por vertidos incontrolados, un problema recurrente en los núcleos costeros del Archipiélago. La coordinación entre la administración local, el Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición Ecológica resulta vital para desbloquear la ocupación permanente del espacio marítimo-terrestre afectado por el aliviadero.
La EBAR de Costa Ayala desempeña un papel estratégico en la gestión de residuos líquidos del litoral norte de la ciudad, una zona sometida a una fuerte presión demográfica y ambiental. La concesión de ocupación del dominio público permitirá al consistorio capitalino asegurar la operatividad legal del aliviadero, diseñado para evacuar aguas en casos de emergencia o saturación del sistema. Los inversores y analistas del sector de infraestructuras observan con atención estos procesos, ya que la solvencia ambiental de las ciudades se ha convertido en un factor determinante para el acceso a fondos de financiación sostenible y para la reputación de los destinos turísticos urbanos.
Ángel Pablo Montañés, director general de Calidad Ambiental, ha liderado esta resolución que busca dotar de transparencia a una gestión técnica a menudo invisible para el gran público. La documentación técnica ha sido alojada en la sede electrónica del Gobierno de Canarias para su fiscalización ciudadana, facilitando el acceso a los detalles del proyecto de vertido y ocupación. Este proceso de información pública no solo es un trámite garantista, sino que actúa como un termómetro de la sensibilidad social frente a la protección del litoral grancanario en un contexto de cambio climático y transición energética.
