Expropiaciones en la GC-1: el Gobierno de Canarias acelera las obras de ampliación en Telde

El Ejecutivo canario ha activado el mecanismo de expropiación forzosa exprés para desencallar uno de los puntos negros de la red viaria de Gran Canaria. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha ordenado la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de mejora de accesos y enlaces de la autopista GC-1, en el tramo crítico que conecta Las Palmas de Gran Canaria con el Aeropuerto. La decisión, firmada por el consejero Pablo Rodríguez Valido, otorga plena prioridad jurídica a la toma de posesión de los terrenos necesarios para iniciar los trabajos de ampliación de capacidad entre las zonas comerciales de La Estrella y Las Terrazas.

La intervención administrativa sobre este eje vertebral busca aliviar la saturación de tráfico que estrangula diariamente la conectividad del sureste insular. Los informes técnicos elaborados por la Dirección General de Infraestructura Viaria justifican el uso de este procedimiento excepcional ante la necesidad inapelable de incrementar la seguridad vial y optimizar la fluidez de la circulación en el intervalo comprendido entre la Potabilizadora y el Enlace de Salinetas, dentro del término municipal de Telde. La intensidad media de vehículos en este sector del mapa viario ha convertido la reforma en una infraestructura crítica para la competitividad económica de la Isla.

La tramitación del expediente expropiatorio ha superado los plazos de exposición pública iniciados en diciembre del año pasado tras recibir el visto bueno presupuestario, confirmando la existencia de crédito suficiente para afrontar los costes indemnizatorios estimados. La resolución del trámite de información pública, con la lista definitiva de las propiedades afectadas, quedó sellada el pasado mes de marzo mediante la validación del Área Técnica de la Consejería. Con la publicación oficial del decreto en el Boletín Oficial de Canarias, la administración regional elude los plazos ordinarios de compraventa y se dota de la potestad para tomar las fincas de manera inmediata.

La declaración de urgencia ejecutada por Rodríguez Valido se ampara en las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía otorga a las instituciones canarias sobre su red de carreteras. La utilidad pública de la obra ya se consideraba implícita desde la aprobación del diseño técnico inicial en octubre de 2025. Los propietarios afectados conservan el derecho a recurrir la orden por la vía potestativa de reposición ante el propio departamento autonómico o mediante la interposición directa de un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque dichos procesos jurídicos no paralizarán la entrada de las máquinas en los terrenos expropiados.