JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La decisión, adoptada por unanimidad, obliga al Ayuntamiento a elevar el expediente a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, un paso que añade años de burocracia y exige un rigor técnico superior ante los evidentes riesgos para el patrimonio histórico y la biodiversidad.
La resolución no es un capricho. Los informes técnicos incorporados al expediente 54/2023 (5940) dibujan un escenario de incompatibilidad con el entorno. El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Servicio de Patrimonio Histórico, ha sido lapidario. Los yacimientos arqueológicos de Cuevas de Malpaso y La Restinga-Bocabarranco corren peligro. Según los expertos, el desarrollo del proyecto carece de medidas preventivas o correctoras suficientes para evitar afecciones directas o indirectas sobre bienes culturales de primer orden.
Esta advertencia, sumada a la ausencia de estudios de prospección intensiva previos, ha bloqueado el avance del planeamiento. La administración insular ha condicionado cualquier visto bueno a un cambio radical en la estrategia de conservación, exigiendo una evaluación particular que garantice la integridad de estos vestigios históricos antes de mover una sola piedra.
La biodiversidad es otro frente abierto. La Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad ha detectado el solapamiento del sector de Piedras Caídas con más de 6.300 metros cuadrados de tabaibal dulce, un hábitat de interés comunitario protegido bajo la denominación 5330. El daño previsible es relevante, y las autoridades han recordado que la protección de estos ecosistemas halófitos es obligatoria, no opcional.
A este escenario se suma la inquietud de la Consejería de Agricultura. El proyecto invade cerca de 26.700 metros cuadrados de suelo cultivable, afectando directamente a explotaciones ganaderas activas, incluida una nave con 75.000 aves. La colisión entre el desarrollo urbano y la economía primaria del sureste grancanario plantea dudas sobre la sostenibilidad real del planteamiento actual, que parece haber infravalorado la ocupación de terrenos productivos.
El expediente es un reflejo de la complejidad administrativa que enfrenta Telde. El Ministerio de Defensa ha dejado la puerta abierta a un conflicto competencial si no se negocian las afecciones al dominio público militar, advirtiendo que, tras tres meses de silencio, su postura será desfavorable. Por otro lado, la Dirección General de la Costa y el Mar ha recordado que el ámbito toca zonas de servidumbre donde el uso industrial y la edificabilidad deben ajustarse estrictamente a la Ley de Costas.
Las exigencias de Obras Públicas son igualmente estrictas. Cualquier mejora en los accesos desde la GC-1 debe coordinarse con el proyecto regional en redacción para el tramo entre la Potabilizadora y Salinetas. Esto obliga al Ayuntamiento a subordinar su planeamiento a una obra mayor que aún no ha culminado, añadiendo una capa de incertidumbre técnica sobre la viabilidad de los accesos proyectados.
La propuesta de la Viceconsejería, ahora ratificada por la Comisión, marca un antes y un después. El promotor debe ahora redactar un documento de alcance que integre todas las correcciones señaladas: subsanar los cálculos de edificabilidad erróneos, justificar la protección del suelo agrícola, salvaguardar el hábitat de interés comunitario y, sobre todo, garantizar la protección arqueológica.
La transición del trámite simplificado al ordinario es un mensaje claro del Gobierno de Canarias: el planeamiento en el sureste no puede desarrollarse de espaldas a los valores ambientales y patrimoniales. Telde tiene por delante una tarea de rediseño profundo. El desarrollo urbanístico de Bocabarranco y Piedras Caídas no es imposible, pero el estándar de exigencia ha cambiado. La burocracia, lejos de ser un mero trámite, se ha erigido en el garante definitivo de que el crecimiento de la ciudad no suponga la pérdida irreversible de su legado natural y cultural.
