JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Entre los afectados, el perfil de Padrón Alfonso destaca por la magnitud de la superficie comprometida; el titular debe ceder de forma definitiva 2.879 metros cuadrados de terreno, además de otros 521 metros cuadrados bajo régimen de ocupación temporal. Esta doble afección sitúa a su propiedad en el epicentro logístico de las obras, lo que obligará a una evaluación técnica exhaustiva del daño patrimonial.
El sector corporativo no permanece ajeno a esta intervención. La sociedad Novedox S.L. ha sido notificada para la expropiación definitiva de 605 metros cuadrados, una superficie significativa que requiere un ajuste en sus operaciones en el área. De igual manera, el grupo Domingo Alonso S.L., en copropiedad con Carmen Suárez Pérez y Marina Martín Suárez, pierde 636 metros cuadrados de sus activos. La proximidad de esta ocupación a las instalaciones de distribución del grupo de automoción añade una variable de complejidad al justiprecio, dado el valor estratégico que estos metros cuadrados representan para el mantenimiento de su operativa comercial en el tramo entre la potabilizadora y Salinetas.
La atomización de la propiedad en el corredor queda patente en las parcelas gestionadas por la familia Suárez Sarmiento. Tanto Juana Teresa como Pedro Manuel Suárez Sarmiento aparecen vinculados a la cesión definitiva de 287 metros cuadrados en una primera finca —junto a la sociedad Canary Green Corner S.L. Unipersonal—, además de otra parcela donde comparten titularidad con Promotafe S.L. con una afectación de 32 metros cuadrados. Esta estructura de copropiedad y la presencia de sociedades instrumentales reflejan la complejidad administrativa que deberá gestionar el Servicio de Expropiaciones para asegurar que las indemnizaciones alcancen a los beneficiarios reales en los plazos fijados por la normativa de urgencia.
La relación de bienes incluye también a propietarios con una menor superficie comprometida pero cuyas parcelas resultan críticas para la fluidez viaria proyectada. Francisco Javier Domínguez Martín enfrenta la ocupación de 299 metros cuadrados, mientras que la petrolera DISA Red de Servicios Petrolíferos S.A.U. deberá ceder 16 metros cuadrados de su infraestructura de servicio. En una escala menor, la parcela 1, titularidad de Francisco Pulido Santana, ve afectados 6 metros cuadrados. Estos casos, aunque menos gravosos en términos de metros cuadrados, no eximen a la administración de un procedimiento de levantamiento de actas que ha sido programado con una precisión de relojero para el próximo 23 de junio en el Salón de Plenos de Telde.
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Existe, finalmente, un riesgo jurídico residual derivado de las parcelas identificadas con el número 9, que suman un total de 676 metros cuadrados bajo el epígrafe "En investigación". La carencia de un titular definido complica la resolución administrativa y sitúa a este suelo en una zona de sombra legal. Mientras la maquinaria pesada se prepara para iniciar las labores, la Dirección General de Infraestructura Viaria deberá resolver esta incertidumbre catastral para evitar que las reclamaciones de terceros propietarios, al amparo del artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación, introduzcan dilaciones innecesarias en una obra que el Ejecutivo regional ha calificado como urgente para la competitividad económica de Gran Canaria.
