
Economía inyecta fondos para modernizar los mercados tradicionales de Gran Canaria
JOSÉ LUIS JIMÉNEZLa Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo marco regulador que regirá la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al impulso, modernización y potenciación de los mercados y mercadillos tradicionales del Archipiélago.
La orden, firmada por el consejero Manuel Domínguez, deroga las bases anteriores vigentes desde el año 2020 y establece un sistema actualizado, diseñado para responder a las demandas estructurales de los espacios comerciales locales y simplificar los procedimientos administrativos para las entidades locales y gestoras.
Los mercados tradicionales de Canarias desempeñan un papel vertebrador que trasciende la mera actividad mercantil, constituyéndose como pilares fundamentales de la cohesión social, la identidad cultural y el desarrollo económico sostenible en las Islas. Estos establecimientos actúan como el principal canal corto de comercialización para los productos del sector primario local, garantizando la preservación de la soberanía alimentaria y fomentando el consumo de kilómetro cero. Asimismo, funcionan como elementos clave en la diversificación de la oferta turística y como bastiones de la economía circular dentro del tejido de proximidad.
Desafíos tecnológicos y estructura empresarial
El tejido comercial del Archipiélago se caracteriza por una presencia masiva de micropymes, donde más del noventa y cinco por ciento de las empresas del sector se encuadran en esta categoría. Esta realidad convierte a los mercados municipales en infraestructuras críticas que requieren un acompañamiento financiero constante por parte de las administraciones públicas para garantizar su competitividad frente a las grandes superficies y los nuevos hábitos de consumo digital.
La experiencia acumulada en la gestión de convocatorias previas evidenció la necesidad de corregir deficiencias procedimentales y adaptar las ayudas a las exigencias actuales de digitalización, eficiencia energética y renovación tecnológica. Las nuevas bases normativas buscan dotar de mayor agilidad a la tramitación de expedientes, reduciendo las cargas burocráticas que tradicionalmente ralentizaban la ejecución de los proyectos de mejora en el comercio rural y urbano.
Doble línea de financiación estratégica
El texto articulado de la orden divide la intervención pública en dos líneas de subvención claramente diferenciadas según la naturaleza y la envergadura de los proyectos presentados por los ayuntamientos, mancomunidades o entidades gestoras autorizadas.
La Línea I se enfoca exclusivamente en la rehabilitación, reforma, ampliación o nueva construcción de mercados y mercadillos tradicionales. Esta categoría acoge las inversiones de mayor calado técnico, tales como la adecuación estructural, la mejora de la envolvente térmica, la instalación de iluminación LED de alta eficiencia, la optimización de los sistemas de accesibilidad universal y la creación de nuevas zonas logísticas o de venta. Los proyectos amparados en este bloque pueden recibir una financiación de hasta el setenta y cinco por ciento del coste total aprobado, con un límite máximo fijado en trescientos mil euros por anualidad. Como contraprestación al esfuerzo inversor de la comunidad autónoma, las infraestructuras beneficiadas deberán mantener su destino comercial específico durante un plazo mínimo de diez años.
La Línea II concentra sus recursos en la mejora ordinaria, el equipamiento fijo, las campañas promocionales y la creación de unidades gerenciales profesionales. Esta vertiente permite financiar pequeñas obras orientadas a la comodidad de los usuarios, la rotulación, la señalética y la implantación de sistemas avanzados de gestión comercial. Además, incluye la financiación parcial de los costes salariales del personal técnico dedicado a la dinamización del espacio, así como la producción de campañas de comunicación en medios y soportes digitales para incrementar la afluencia de clientes. Los límites económicos de esta segunda línea se modulan en función de la población de derecho del municipio solicitante, oscilando entre los treinta mil euros para las localidades de menor tamaño y los ochenta mil euros para los grandes núcleos urbanos de más de cien mil habitantes. Excepcionalmente, se contempla la posibilidad de subvencionar el cien por ciento de proyectos de reducida cuantía en municipios con baja densidad demográfica que justifiquen carencias presupuestarias severas.


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