JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El resultado es elocuente: la confirmación de la pérdida definitiva del derecho al cobro para un total de 402 expedientes que, por diversas causas, no lograron cumplir con los estrictos plazos y requisitos de justificación establecidos por la normativa vigente. Esta inejecución de fondos se traduce en una pérdida tangible de 2,88 millones de euros, capital que estaba destinado específicamente a transformar la movilidad y la infraestructura energética de las Islas.
La suma total de 2,88 millones de euros representa la cantidad global que el Gobierno de Canarias ha declarado como pérdida de derecho al cobro para el conjunto de los 402 expedientes afectados por este incumplimiento administrativo. Esta cifra es el resultado de sumar todas las ayudas individuales que, al no ser justificadas en los doce meses posteriores a la notificación de la concesión (más el periodo extraordinario de subsanación), han sido canceladas definitivamente.
El origen de este conflicto administrativo es de manual: los beneficiarios disponían de un periodo improrrogable de doce meses desde la notificación de la concesión para acreditar, mediante la documentación técnica y financiera adecuada, la ejecución de las inversiones comprometidas. Tras cumplirse los plazos y ante la falta de cumplimiento, la administración otorgó un periodo extraordinario de diez días hábiles para que los interesados pudieran subsanar sus deficiencias. La incapacidad de completar este proceso en el plazo habilitado ha derivado en la pérdida irrevocable del derecho al cobro, un desenlace que afecta a una lista heterogénea de actores, desde pequeñas iniciativas hasta corporaciones de gran peso estratégico.
Entre la nómina de proyectos malogrados, la cifra más impactante corresponde a la Comunidad Energética Singular Sevi Goroeco S.L., cuyo expediente contemplaba una ayuda de 800.000 euros. La pérdida de este proyecto no solo representa una cuantía económica significativa, sino también un golpe directo a una iniciativa que aspiraba a marcar un hito en la transición energética regional mediante un modelo de comunidad energética pionero. Este caso ilustra perfectamente la magnitud del problema: un proyecto de gran ambición tecnológica y de sostenibilidad, apoyado por fondos Next Generation EU, que se desploma ante los muros de la burocracia, imposibilitando su materialización y el despliegue de las ventajas que habría aportado al sistema eléctrico insular.
La parálisis no termina ahí, pues el listado de afectados abarca nombres con gran presencia en el tejido empresarial y de servicios público. Cicar, la reconocida empresa de alquiler de vehículos, aparece en el listado de expedientes cancelados tras no haber logrado acreditar la justificación de diversas partidas de ayuda que le habían sido concedidas para la renovación de su flota. De igual modo, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, una pieza fundamental en la logística pública, también se ha visto obligada a renunciar a los incentivos que tenía asignados para la electrificación de sus vehículos de reparto, frustrando así sus planes de movilidad sostenible en el archipiélago. La acumulación de estos expedientes revela un fenómeno sistémico: incluso las organizaciones con estructuras de gestión profesional se han topado con un cuello de botella administrativo que, bajo el amparo de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, ha hecho imposible la continuidad de las ayudas.
Este desenlace pone de relieve la desconexión crítica entre la intención política de fomentar la sostenibilidad y la realidad operativa a la que se enfrentan los beneficiarios. La normativa, amparada también por el Real Decreto 266/2021, es inflexible: ante la ausencia de una justificación correcta y en tiempo, la administración no tiene más margen de maniobra que declarar la pérdida del derecho al cobro. El impacto de esta situación es múltiple. Por un lado, se pierden millones de euros que ya no circularán por la economía local ni se transformarán en infraestructura real. Por otro, se genera una frustración en el sector, que se pregunta cómo es posible que, ante una necesidad tan urgente de modernización, los mecanismos de control europeos terminen por neutralizar los proyectos en lugar de facilitarlos.
Mientras el sector del automóvil y las empresas de servicios de carga analizan las causas de este desajuste —que oscilan entre el colapso para obtener certificaciones, la complejidad técnica de los proyectos y una burocracia excesivamente rígida—, la realidad es que el programa MOVES III en Canarias ha quedado herido de gravedad. La pérdida de estos 402 expedientes no es solo un dato estadístico; es una advertencia sobre la fragilidad de la transición ecológica cuando esta depende de sistemas administrativos que no logran adaptarse a las exigencias de agilidad que requiere la inversión privada y pública. El cierre definitivo de estos archivos de inactividad deja atrás, en última instancia, cargadores sin instalar y flotas de vehículos de combustión que deberán esperar a futuras convocatorias, alargando así el camino de Canarias hacia una movilidad plenamente descarbonizada.
