JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El producto interior bruto per cápita de Gran Canaria se situó en 26.898 euros en 2025, alcanzando el 97,9% de la media del Archipiélago y el 78,7% de la media española. Sin embargo, la aparente bonanza macroeconómica enmascara una brecha estructural profunda. Aunque la renta disponible nominal muestra signos de resistencia con una tasa de variación del PIB del 6,3% anual, la escalada de la factura eléctrica erosiona de forma directa los márgenes operativos de las empresas locales. Las compañías asentadas en la Isla se enfrentan a la encrucijada de sostener su nivel de actividad o absorber incrementos tarifarios que merman su capacidad competitiva.
El sector turístico, motor incontestable de la economía insular, aporta el 27,1% del gasto total de los visitantes que llegan al Archipiélago, añadiendo un matiz de contradicción todavía mayor al análisis energético. Las instalaciones hoteleras de Gran Canaria mantuvieron durante el último ejercicio una ocupación superior al 78% por plaza, pero este ritmo frenético de alojamientos y pernoctaciones contrasta con la rigidez de los precios de los suministros básicos. El gasto medio por visitante alcanza los 178,16 euros diarios en el entorno insular, una cifra sin precedentes que, sin embargo, no se traduce íntegramente en rentabilidad neta para el tejido comercial local.
Las grandes cadenas hoteleras registran elevados niveles de facturación bruta, mientras que las pequeñas y medianas empresas hoteleras, de restauración y de ocio complementario sufren costes fijos de la luz que absorben una parte sustancial de sus beneficios. En el caso de los establecimientos de hostelería y servicios auxiliares, los recibos energéticos mensuales se han consolidado como una de las partidas de gasto más abultadas, situándose inmediatamente por detrás de los costes de personal. La paradoja resulta evidente: una ocupación turística en niveles máximos convive con una rentabilidad real mermada por el recibo de la electricidad.
En el ámbito laboral, los datos del mercado de trabajo en la isla continúan reflejando fricciones difíciles de conciliar con el dinamismo general del producto interior bruto. A pesar del volumen global de actividad económica y del dinamismo en la contratación dentro de los servicios, la tasa de paro en Gran Canaria experimentó un ligero repunte de 0,7 puntos porcentuales. La acumulación de costes en la cesta de la compra y en los suministros básicos genera un efecto de pinza sobre las rentas medias y bajas de los trabajadores grancanarios.
La pérdida del poder adquisitivo ligada al coste general de la vida y, de forma muy particular, a la factura de la luz del hogar mantiene una presión constante sobre la demanda interna residencial. La electricidad cara actúa como un impuesto silencioso sobre las familias de la Isla, neutralizando en gran medida las subidas salariales pactadas en las negociaciones colectivas de los sectores público y privado. A esto se suma el encarecimiento indirecto en los servicios esenciales del día a día, cuyos costes operativos energéticos terminan repercutiéndose sobre el consumidor final.
El comportamiento del consumo privado en la Isla muestra distorsiones de carácter similar en distintos sectores analizados. Por un lado, ciertos indicadores coyunturales vinculados al transporte o a la inversión inmobiliaria sugieren cierta inercia de gasto y actividad en determinados estratos socioeconómicos. Por otro lado, las familias grancanarias ajustan de forma drástica sus hábitos de consumo energético en el ámbito residencial cotidiano para evitar penalizaciones tarifarias excesivas.
Los presupuestos domésticos sufren para cubrir las tarifas mensuales de energía sin recurrir a medidas de contención deliberadas en el uso de climatización, electrodomésticos e iluminación. Se observa así una clara división en el patrón de consumo: mientras el gasto en bienes duraderos o decisiones financieras a largo plazo responde a dinámicas de crédito o inercia previa, los costes corrientes del hogar imponen restricciones severas en el gasto del mes a mes.Inversión pública en pausa y reto energético.
La gestión institucional de la transición hacia modelos de generación más eficientes tampoco ofrece respuestas inmediatas a la presión tarifaria actual. El volumen de inversiones reales contempladas en los presupuestos autonómicos se redujo a 273,8 millones de euros en 2025 desde los 304,6 millones registrados en el ejercicio anterior. Esta menor disponibilidad de recursos públicos directos limita la capacidad de las administraciones para acelerar la implantación de infraestructuras de generación renovable y almacenamiento a gran escala en el territorio insular. Gran Canaria proyecta una imagen de fortaleza turística e industrial respaldada por cifras macroeconómicas de crecimiento sólido. Sin embargo, los cimientos de su competitividad a medio y largo plazo permanecen condicionados por el precio irresoluto del suministro eléctrico, un factor estructural que exige reformas profundas para evitar que el coste energético continúe frenando el impacto positivo del desarrollo económico en la sociedad insular.
