JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El peso de las operaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) recae tradicionalmente sobre la venta de inmuebles urbanos destinados a vivienda, cuya tasa de variación interanual continúa su senda negativa en mayo de 2026 con una caída del -2,3% en términos de recaudación de ejercicio corriente. Las familias pierden terreno frente a una presión insostenible, atrapadas en un laberinto financiero donde comprar un hogar se convierte en una quimera inalcanzable.
Mientras el crédito hipotecario ciudadano languidece y la compraventa de viviendas se contrae, la única actividad que mantiene signos positivos en el AJD (Actos Jurídicos Documentados) responde a dinámicas de oferta elitista: las declaraciones de obra nueva repuntan un 26,79% y la división horizontal crece un 4,98%. Los datos dibujan un escenario de exclusión habitacional profunda, donde el ladrillo deja de ser un derecho fundamental para convertirse en un activo financiero inaccesible que alimenta la asfixia económica de los hogares grancanarios.
El Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias ha crecido un 0,7 por ciento en el segundo trimestre del año con respecto al trimestre anterior. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la economía canaria ha crecido un 2,8 por ciento, frente al 2,7 por ciento del conjunto de España, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Frente a la atonía de la vivienda común, el apetito voraz por el suelo no residencial y la especulación urbanística exhiben cifras obscenas. La recaudación del impuesto procedente de las transmisiones de solares se dispara un escandaloso 51,10%, reflejando cómo el terreno libre se mercantiliza a ritmo de récord mientras escasean los proyectos habitacionales accesibles. A este desequilibrio se suman las transmisiones de inmuebles rústicos de secano, que crecen un 5,95%, y el avance del 4,93% en locales y otras edificaciones.
Paralelamente, el desplome del -29,75% en la recaudación por transmisiones de inmuebles rústicos y urbanos en subasta judicial, administrativa o notarial evidencia la angustia financiera de propietarios incapaces de hacer frente a sus deudas, abandonando sus bienes a ejecuciones forzosas.
La espiral alcista de los precios no da tregua a los bolsillos ciudadanos. La variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) se enquistó en el 12,9% en el primer trimestre de 2026, calcando el dato del periodo precedente. Trimestralmente, los valores escalaron un 3,5% adicional, asfixiando aún más la demanda real. En el archipiélago canario, la tasa anual del IPV escaló con dureza hasta situarse en el 10,7%, un muro infranqueable para los salarios locales que estrangula cualquier perspectiva de emancipación juvenil o estabilidad residencial.
El deterioro fiscal se extiende sin freno al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. La recaudación acumulada hasta mayo de 2026 se desploma hasta los 38,5 millones de euros, registrando un decrecimiento interanual del -4,35% en comparación con el mismo periodo de 2025 (y crecimientos del 33,92% y 35,45% frente a 2024 y 2023, respectivamente).
La contracción mensual es todavía más alarmante: los 7,7 millones ingresados en mayo suponen un desplome del -9,31% frente al ejercicio 2025 (aunque por encima de los 49,13% y 32% de 2024 y 2023). El desglose de esta sangría fiscal demuestra que el motor financiero del sector está gripado. Las operaciones con mayor volumen de negocio, ancladas en los documentos notariales vinculados a préstamos hipotecarios de la banca y en las entregas sujetas al IGIC, hunden sus tasas de variación interanual en el negativo, anotando un -2,64% y un -11,98% respectivamente.
