JAVIER ROSALES
Morales ha realizado estas manifestaciones tras el anuncio del Gobierno de Canarias de la entrada en vigor de la medida de cara a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025. El paso implica una regulación legal que, en la práctica, dejará en manos de los cabildos la puesta en marcha, gestión y recaudación del dinero para generar un fondo común con dos céntimos por cada litro de hidrocarburo, que serán destinados a la salvaguarda de los recursos forestales de las Islas, la prevención de incendios y el freno a la desertificación en el marco de la mitigación de los efectos del cambio climático.
"Cuando el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, me pidió mi opinión, y cuando lo hablé con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, estábamos de acuerdo en que teníamos que dejar fuera el transporte discrecional, porque ya está subvencionado", matizó el presidente del Cabildo grancanario. "Probablemente, no lo puedan aplicar los cabildos no capitalinos, pero para Gran Canaria y Tenerife es un recurso adicional", insistió Morales, quien también precisó que "el 'céntimo verde forestal' lo viene aplicando desde hace algunos años el Cabildo de Gran Canaria, no de una manera directa al impuesto del combustible, pero sí con una cantidad de dinero equivalente a lo que supondría esa aplicación". Morales explicó que estos recursos se han destinado "a las políticas de reforestación o de compensación a los pastores por las tareas de prevención, con la utilización de sus ovejas y sus cabras bombero".
Esta última medida se integra en el proyecto Gran Canaria Mosaico, que articula múltiples actuaciones de conservación del medio rural para hacer de pantalla frente a la amenaza del fuego y el avance de la desertificación, una sombra cada vez más amenazante y creciente a causa del calentamiento global y con especial incidencia en los territorios insulares, lo que ha motivado una amplia batería de acciones por parte del Gobierno insular.
El amparo legal del 'céntimo forestal' vendrá de la mano de un decreto que regulará su uso por parte de las corporaciones insulares y de otro anclado a la Ley del Suelo para dar cobertura jurídica al pago de servicios vinculados a la conservación medioambiental.
