El Gobierno aprueba el decreto ley para la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados

La aprobación por el Consejo de Ministros del decreto ley para la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados mediante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería ha sido calificada hoy por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como un "triunfo de toda la sociedad canaria".

Clavijo ha destacado que es un día feliz, tanto para el Archipiélago como para toda España, ya que se ha logrado un objetivo que parecía imposible tras 18 meses de lucha. "Siempre hemos tenido el no por delante, pero lo hemos conseguido sabiendo que teníamos razón. Hoy lo es posible lo que en 30 años no lo había sido y lo hemos logrado como sociedad en conjunto", afirmó.

El presidente de Canarias atribuyó el éxito de la aprobación este decreto ley al trabajo conjunto realizado en Canarias para lograr que el Estado aceptara el cambio legislativo. Recordó que "lo primero fue siempre un no", y destacó que ha sido el Gobierno autonómico el encargado de hacer todo el trabajo, redactando los textos legislativos, buscando soluciones en momentos de estancamiento en las negociaciones y recabando apoyos políticos con todos y en todo momento. "Quiero reivindicar la utilidad de la política. La importancia de poner el interés general por encima del particular y del choque permanente", ha resaltado, en un día importantísimo para Canarias porque España da respuesta como país a una demanda del Gobierno autonómico ante la situación límite del sistema de acogida de menores migrantes en las Islas.

Fernando Clavijo destacó que Canarias ha demostrado, una vez más, su capacidad para actuar con "unidad, solidaridad y convivencia" en defensa del interés de los menores y de los derechos de los niños migrantes que se encuentran bajo su tutela. Se mostró orgulloso de la respuesta ejemplar de la sociedad canaria ante la crisis migratoria, especialmente la de los ciudadanos de El Hierro.

El presidente aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que han apoyado la estrategia del Gobierno en el marco del Pacto Canario de la Migración. Anunció que convocará una nueva reunión de este foro para analizar el contenido del decreto ley y consensuar su apoyo. Asimismo, expresó su gratitud hacia las ong, los cabildos, los ayuntamientos y la sociedad canaria en su conjunto. Hizo hincapié en el enorme y arduo trabajo realizado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, los profesionales de la Consejería de Bienestar Social, las universidades públicas, la judicatura y la Fiscalía del menor. "Todos hemos remado juntos”, una estrategia de unidad que “nos ha dado fuerza para reclamar lo que era de justicia”, ha manifestado. En su opinión, el decreto ley aprobado este martes “es un triunfo de toda la sociedad canaria, que en una situación límite ha dado ejemplo al mundo” con un “sobresaliente en solidaridad y convivencia".

Con la aprobación del decreto ley en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el decreto entrará en vigor "mañana mismo", explicó el presidente. Posteriormente, el Congreso de los Diputados deberá respaldar el cambio legislativo en un plazo de un mes. De cara a esta votación, Clavijo confía en que el trabajo previo realizado con los grupos parlamentarios para obtener apoyos dé resultados positivos.

Más de año y medio de "duro trabajo"

El decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros representa el resultado de más de un año y medio de arduo trabajo por parte del Gobierno de Canarias, que ha estado buscando una solución efectiva para la distribución de menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Esta iniciativa se intensificó tras la declaración de emergencia el 30 de agosto de 2023, cuando el presidente Fernando Clavijo inició negociaciones con el Estado para implementar un cambio legislativo que aliviara la presión sobre el sistema de acogida en el Archipiélago.

Con el objetivo de obtener apoyos ante la crítica situación que enfrenta Canarias, el presidente ha liderado una campaña tanto a nivel nacional como internacional, enfocándose en la peligrosa Ruta Atlántica y en la atención solidaria a los menores migrantes no acompañados. Como parte de esta estrategia, Clavijo ha mantenido reuniones con comisarios europeos, líderes del Parlamento Europeo y representantes de diversas regiones de la Unión Europea. Además, tuvo la oportunidad de presentar la situación de emergencia al papa Francisco durante un encuentro en el Vaticano el 15 de enero del año pasado.

El presidente también ha dialogado con representantes de diversas ong que trabajan en la atención a la infancia, buscando mejorar el sistema de acogida a pesar de la saturación, y la falta de recursos humanos y materiales necesarios para garantizar los derechos de los menores migrantes.

En la actualidad, Canarias alberga a 5.810 niños y niñas en 86 centros de acogida, lo que representa casi el triple de los dispositivos disponibles al inicio de la crisis migratoria en el verano de 2023. Este número se ha mantenido estable durante los últimos 15 meses, a pesar de las derivaciones solidarias a otras regiones y del hecho de que muchos migrantes han alcanzado la mayoría de edad. La llegada constante de embarcaciones a las costas canarias, con cerca de 87.000 personas rescatadas en 2023 y 2024, ha dificultado la reducción de la presión sobre el sistema de acogida. En lo que va de 2025, ya han llegado más de 9.500 migrantes al Archipiélago. Este contexto resalta la necesidad urgente de soluciones efectivas y colaborativas para abordar la crisis migratoria y garantizar el bienestar de los menores en situación de vulnerabilidad.

Solidaridad equitativa en defensa del interés del menor

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la única solución definitiva y estructural para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados es modificar la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una reforma que viene acompañada -ha apuntado- de la consignación económica que necesita.

En concreto, el texto aprobado hoy modifica el artículo 35 de esa ley añadiéndole cuatro puntos. El 35 bis establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde están representadas las comunidades autónomas, mantiene su plena autonomía y puede adoptar sus propias decisiones sobre los aspectos recogidos en este artículo si las acuerda por unanimidad. Este punto indica, además, que la comunidad que cuente con una presencia de menores extranjeros no acompañados que triplique su capacidad ordinaria se encontrará en situación de contingencia migratoria, lo que trasladará al Gobierno para que active los mecanismos de reubicación.

Criterios para la distribución de los menores

El artículo 35 ter establece una serie de criterios -que pueden ser modificados también por unanimidad por la Conferencia Sectorial- para la distribución de los menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio. Estos criterios se basan fundamentalmente en las conferencias sectoriales de los años 2022, 2023 y 2024.

La modificación legislativa regula, en el artículo 35 quater, cómo debe llevarse a cabo el registro del menor no acompañado, cuyos derechos deberán preservarse siempre. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que, cuando un menor llegue a una comunidad y esta se encuentre en situación de contingencia migratoria extraordinaria, el traslado a la comunidad de destino debe producirse en el plazo de 15 días desde que se complete el registro del menor.

Suficiencia económica y determinación de la capacidad de acogida

Ángel Víctor Torres ha destacado, igualmente, dos aspectos recogidos en las disposiciones adicionales del texto aprobado por el Ejecutivo.

Por una parte, se establece un fondo de 100 millones de euros para financiar los traslados.

Por otro lado, se fijan los criterios para determinar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, que es el parámetro a partir del cual se calcula la sobreocupación. El ministro ha subrayado que la capacidad ordinaria de cada territorio se determina con criterios transparentes y claros, partiendo del número de menores extranjeros no acompañados atendidos en el conjunto del país. "Todas las comunidades tienen igualdad con respecto a la capacidad ordinaria porque está basada en un criterio absolutamente objetivo como es la población", ha manifestado Ángel Víctor Torres. En 2025, las comunidades tendrán hasta el 31 de marzo para certificar a cuántos menores extranjeros no acompañados están atendiendo; a partir del próximo año, la fecha se adelanta al 15 de enero.

El ministro ha recordado que, en algunos centros de menores, hay 300 personas en espacios habilitados para 20 y que se trata de niños o jóvenes que ni siquiera pueden ser escolarizados en condiciones dignas. "En este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores tras la invasión de Ucrania y un conflicto bélico. Son los mismos menores, tienen las mismas edades, lo único que les diferencia es el color de la piel", ha señalado. Ángel Víctor Torres ha reclamado que, en la convalidación de la norma, los partidos políticos demuestren sentido de Estado y defiendan "los derechos humanos, la dignidad y la igualdad".

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