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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias respalda al Ayuntamiento de Mogán en su lucha por los fondos del FDCAN, desestimando el recurso del Cabildo de Gran Canaria
POLÍTICA08/07/2025
NOELIA C. DEL TORO
Esta decisión se produce tras la sentencia de octubre que declaró nula la convocatoria 2023-2027 del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), en la que se excluyó al municipio de Mogán del reparto de fondos.
La controversia se centra en la decisión del Cabildo de Gran Canaria de excluir a Mogán de la distribución de fondos, lo que el TSJC ha calificado como una acción unilateral y antijurídica que infringe el principio de igualdad. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha manifestado su intención de reclamar daños y perjuicios al Cabildo, instando a su presidente, Antonio Morales, a desistir de prolongar el conflicto mediante recursos públicos.
En una rueda de prensa celebrada este martes, 8 de julio, en el capitalino Hotel Iberia, Onalia Bueno, acompañada por el concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, expresó su firmeza ante la resolución judicial que valida la posición del Ayuntamiento. "El presidente Antonio Morales tiene que gobernar para todos los grancanarios y grancanarias, y dejar de lado la política rancia", afirmó la alcaldesa, haciendo referencia a la discriminación sufrida por el municipio: "Se ha quebrantado el principio de igualdad y se ha discriminado al Ayuntamiento de Mogán al privarle de unos fondos a los que tenía derecho".
Onalia Bueno también criticó las declaraciones de Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional del Cabildo, quien "primero afirmaba que tanto como Mogán como San Mateo quedaban excluidos debido una sobrefinanciación en la primera convocatoria del FDCAN y más tarde que éramos nosotros, los propios municipios, los que nos excluimos de participar en el acceso a estos fondos", señaló la alcaldesa, que recordó en la primera convocatoria del FDCAN los ayuntamientos tuvieron la oportunidad de concurrir como beneficiarios directamente a través de la presentación de proyecto al Gobierno de Canarias o bien mediante convenio con el Cabildo del Cabildo de Gran Canaria aportando ambas administraciones el 50% de la financiación de las actuaciones a ejecutar.
Entonces, Mogán optó por presentar su proyecto directamente al Gobierno de Canarias. Sin embargo, en la segunda convocatoria (2023-2027) esta opción es eliminada, solo siendo posible participar a través del programa del Cabildo de Gran Canaria,
En la convocatoria 2023-2027, el Cabildo invitó a todos los municipios, excepto a Mogán y San Mateo, a participar en el programa. A pesar de los esfuerzos del Consistorio moganero, que envió 17 escritos formales solicitando su inclusión, el Cabildo mantuvo su postura. El juez, en la primera sentencia, destacó que la intención del Cabildo era contar únicamente con los municipios que participaron en la primera convocatoria.
"El Gobierno de Canarias es el único organismo competente para la regulación del FDCAN y, por tanto, el Cabildo no podía impedir nuestra participación", recalcó Onalia Bueno, incidiendo en el trato discriminatorio de Morales para con los moganeros y moganeras.
El concejal Hernández presentó el caso de Tejeda. Este municipio, además de la asignación correspondiente por habitantes y superficie mediante convenio con el Cabildo, por el que percibió 637.520,30 euros, fue beneficiario de forma directa a través de la Consejería de Industria y Comercio de 1.930.436,48 euros. Todo ello suma 2.567.956,78 euros para un total de 1.987 habitantes y una superficie de 103,89 kilómetros cuadrados. En contraste, Mogán recibió entonces 5.000.000 euros –invertidos en la construcción del edificio de aparcamientos de Arguineguín– para 21.175 habitantes y una superficie de 172,4 kilómetros cuadrados, lo que, según Hernández, demuestra que no hubo sobrefinanciación.
Onalia Bueno ha instado a Morales a no continuar con el recurso ante el Tribunal Supremo, advirtiendo que esto solo prolongará el sufrimiento de los ciudadanos de Mogán. La alcaldesa ha mostrado su disposición a dialogar con el Cabildo para buscar una compensación por los daños y perjuicios, que se estiman en 3.356.114,45 euros.
La decisión del TSJC refuerza la posición del Ayuntamiento de Mogán en su lucha por los fondos del FDCAN. La alcaldesa ha dejado claro que el municipio no se rendirá y buscará todas las vías posibles para obtener lo que le corresponde.

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