NOELIA C. DEL TORO
Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, ha lamentado que el Tribunal Supremo se haya visto obligado a convocar una vista pública para el próximo 29 de mayo. En esta cita, el Estado deberá ofrecer explicaciones sobre el incumplimiento de una medida cautelar dictada el 25 de marzo.
"El Gobierno socialista ha abandonado a Canarias, no cumple los mandatos judiciales y tampoco da explicaciones. Estamos ante una actuación mezquina que pasará a la historia de los agravios a esta tierra. Canarias no olvidará este maltrato institucional por parte del PSOE", ha declarado Casañas.
Casañas ha recordado que el Estado tenía un plazo improrrogable de 10 días para garantizar el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional para más de 1.000 menores no acompañados que han solicitado asilo o han manifestado su intención de hacerlo. Sin embargo, han pasado 50 días desde el 15 de mayo, y el Estado sigue sin atender a estos menores.
"Mientras señalan a otras comunidades autónomas y piden solidaridad a otros territorios, desprecian a Canarias y abandonan a estas islas. Se nos acaban los calificativos para esta afrenta. Es una vergüenza histórica", ha sentenciado el diputado popular.
El Tribunal Supremo ha instado al Estado a rendir cuentas y ha recordado que, a pesar de que ha expirado el plazo, no se ha cumplido con el requerimiento del auto del 25 de marzo y reclama explicaciones por un trabajo y unas obligaciones que el Estado sigue sin asumir. En la vista, el Gobierno de España deberá presentar una relación detallada de los menores que ya han sido evaluados en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, así como de aquellos que aún están pendientes de evaluación y asignación de recursos de acogida. "Una tarea sencilla que, después de 50 días, el Gobierno de Sánchez y Torres ni siquiera ha empezado", ha lamentado Casañas.
El Tribunal Supremo ha solicitado al Estado que aclare qué iniciativas concretas se han tomado para garantizar plazas suficientes para menores no acompañados, dado que el Gobierno se escuda en que tiene sus plazas ocupadas al 99%. Casañas ha advertido que "mucho nos tememos que estas gestiones se reducen también a cero. Por eso el Tribunal solicita que se precise qué unidades administrativas son las responsables de la realización de estas actuaciones, suponemos que para determinar posibles responsabilidades".
En la vista pública, el Estado deberá aclarar si existen acuerdos o protocolos establecidos con la Comunidad Autónoma de Canarias para cumplir con esta obligación y si hay un calendario detallado para su ejecución.
"De momento, el único que tenemos es el de estos 50 días del PSOE tomando el pelo y abandonando a Canarias, y a estos 1.008 menores que son responsabilidad del Estado", concluye Juan Manuel García Casañas.
