NOELIA C. DEL TORO
La portavoz popular ha exigido hoy a la alcaldesa Carolina Darias que "se quite la venda de los ojos" y asuma un papel de mediación efectivo entre los vecinos y los empresarios de la zona de Joaquín Costa.
Delgado subrayó que el Ayuntamiento ha pasado de una postura de inacción a la implementación de "decretos exprés", ignorando tanto la sentencia 129/2025 del TSJC como la difícil situación económica que enfrentan los emprendedores tras la pandemia, la inflación y el aumento de los costos laborales. La concejala capitalina recordó que el Ayuntamiento redujo unilateralmente el horario de las terrazas en Joaquín Costa, Martínez de Escobar y Fernando Guanarteme hasta las 22:00 h, a pesar de que sus licencias permitían operar hasta la 01:00.
La justicia anuló esta resolución por un vicio de forma, debido a la falta de audiencia a los afectados. Sin embargo, el gobierno local ha reabierto el expediente con el Decreto 2025-16945, fechado el 9 de mayo de 2025, que busca imponer el mismo recorte horario. Jimena Delgado criticó que el Ayuntamiento no haya contactado previamente con los diez negocios notificados esta semana, afirmando que "Les dan diez días para defenderse, sin haberles escuchado; eso no es diálogo, es abuso de poder".
La portavoz del PP advirtió que esta inseguridad jurídica está provocando cierres, ERTE y despidos en un sector que genera miles de empleos. Además, destacó la reactivación de la Asociación de Restauración ARES Gran Canaria, que surgió durante la pandemia y ahora opera con un enfoque insular. Sin embargo, lamentó que el Consistorio ignore sus propuestas, que incluyen la instalación de cubiertas fijas acristaladas y incentivos a la insonorización de fachadas.
Jimena Delgado enfatizó que el comunicado de ARES del 12 de mayo y su reunión con el PP el 14 de mayo demuestran que existen alternativas y voluntad de convivencia con los vecinos. "Lo que falta es voluntad política del gobierno municipal", afirmó.
La portavoz también alertó sobre la "sorpresa mayúscula" que ha causado la distribución previa de terrazas en la calle Cano, aprobada sin aviso a los empresarios. Este nuevo diseño, que reduce a la mitad el aforo en una arteria clave de la Zona Comercial Abierta, ya ha sido llevado ante los tribunales, lo que ha llevado a la suspensión de actividades de dinamización.
"Dos años después la historia se repite: vecinos y negocios siguen sin conciliación porque el gobierno local prefiere los decretos exprés a la mediación", insistió Delgado. "Pedimos alfombra roja para quien cumple la normativa y más inspecciones para quien no lo hace. La solución no puede ser castigar a todo un sector y empujar a la ciudad a una litigiosidad sin fin", concluyó, instando al gobierno local a convocar de urgencia la Mesa del Ocio y a suspender los decretos restrictivos hasta alcanzar un acuerdo consensuado y viable para todos.
