JAVIER ROSALES
El presidente canario, Fernando Clavijo, defendió que este entendimiento permitirá "minimizar el impacto de la guerra sobre los precios y los bolsillos de las familias canarias", al garantizar que la comunidad autónoma pueda activar instrumentos equivalentes de alivio fiscal y protección económica.
La valoración se produjo en una comparecencia conjunta con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien destacó el trabajo desarrollado entre ambas administraciones durante la última semana para responder a la situación con atención específica a la singularidad tributaria de Canarias.
Según lo anunciado tras el acuerdo, el Estado transferirá a Canarias más de 15 millones de euros hasta el mes de junio de 2026 para compensar la aplicación de estas medidas.
Torres precisó además que, si el Gobierno central decidiera prorrogar el marco anticrisis, la aportación económica se mantendría en la misma línea, de forma que Canarias pudiera seguir desplegando mecanismos equivalentes de apoyo a ciudadanos y empresas.
La cifra prevista cubre el coste total estimado de las actuaciones extraordinarias hasta el 30 de junio de 2026, una fecha que se convierte en el horizonte inicial del pacto alcanzado entre ambas administraciones.
Tras formalizarse el acuerdo, Clavijo subrayó su satisfacción por el entendimiento alcanzado y por el trabajo institucional desarrollado entre ambas partes. A su juicio, este paso permite que Canarias afronte esta coyuntura en igualdad de condiciones con el resto del país.
El presidente autonómico insistió en que la prioridad es que los canarios y canarias estén igual de protegidos que cualquier ciudadano de la península frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo, especialmente en un contexto marcado por la presión sobre los precios energéticos y el coste de la vida.
Gracias a esta compensación económica, el Ejecutivo autonómico dispondrá de margen para aplicar varias medidas fiscales con impacto directo en el consumo energético y en el transporte.
Entre las principales decisiones que podrá adoptar figuran:
Estas herramientas buscan amortiguar el encarecimiento de productos energéticos estratégicos y dar una respuesta adaptada a la realidad fiscal del Archipiélago.
Uno de los elementos centrales del pacto es el reconocimiento de que Canarias cuenta con un sistema impositivo propio, distinto al del resto del territorio nacional. Esa diferencia obliga a articular soluciones específicas cuando el Estado aprueba medidas generales vinculadas a impuestos que no se aplican de la misma forma en las Islas.
En ese contexto, el acuerdo persigue que las decisiones estatales no dejen fuera al tejido productivo canario ni a la ciudadanía del archipiélago, y que las rebajas o bonificaciones lleguen también a las familias y sectores económicos afectados por la escalada de costes.
El alcance político y económico del acuerdo va más allá de una mera transferencia de fondos. La previsión es que esta compensación permita sostener una respuesta fiscal inmediata sobre productos sensibles para la movilidad, la energía y los gastos cotidianos.
La intención del Ejecutivo canario es que estas medidas contribuyan a contener la presión sobre los hogares y, al mismo tiempo, alivien parte de la carga que soportan empresas y profesionales en un escenario internacional de incertidumbre.
Con ello, Canarias busca reforzar su capacidad de reacción ante una crisis externa que afecta al precio de los combustibles y a los costes asociados a la actividad económica, con especial incidencia en un territorio ultraperiférico y dependiente del transporte.
