NOELIA C. DEL TORO
El portavoz de la formación nacionalista, David Suárez, aseguró este lunes que el pacto integrado por PSOE, Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias no ha sabido corregir un problema que, a su juicio, se ha enquistado en el tiempo. La crítica llega después de que CCOO haya advertido de la existencia de 59 vacantes en la cadena de mandos del cuerpo policial.
Para CC, este dato refleja una pérdida de estructura interna en un servicio esencial para la ciudad. La formación sostiene que Las Palmas de Gran Canaria, por volumen de población y complejidad urbana, necesita una Policía Local con jerarquía definida, coordinación interna y capacidad de respuesta en el día a día.
En su comparecencia, Suárez dirigió parte de sus críticas a la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, a quien atribuye la falta de una respuesta eficaz ante una situación que, según afirma, ya repercute en la organización ordinaria del servicio.
El edil nacionalista sostiene que la falta de previsión política ha desembocado en una estructura debilitada, con efectos directos sobre el funcionamiento de la seguridad pública municipal. En este contexto, defendió que la ciudad no puede permitirse una Policía Local sin los mandos necesarios para coordinar turnos, operativos y recursos.
La denuncia de CC subraya que el problema no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una muestra más de un escenario que, según el partido, se ha ido agravando en los últimos meses dentro del cuerpo policial.
Coalición Canaria vincula el supuesto deterioro de la cadena de mando con otras deficiencias que, según viene denunciando, afectan desde hace tiempo a la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Entre ellas, menciona la escasez de efectivos, el retraso en el pago de horas extraordinarias, la falta de medios materiales y la insuficiencia de determinados dispositivos.
En esa relación de carencias, la formación vuelve a poner el foco en varios asuntos que han generado debate en los últimos meses, como la deuda acumulada por el impago de horas extra, la escasez de pistolas táser y la ausencia de una galería de tiro propia. A juicio de CC, estos factores no solo afectan a las condiciones de trabajo del cuerpo, sino también a su capacidad para prestar un servicio con plenas garantías.
El mensaje del partido insiste en cuatro ejes que considera básicos para recuperar la normalidad en la Policía Local: mandos, agentes, medios y planificación. Desde su perspectiva, cualquier estrategia de comunicación institucional que no vaya acompañada de medidas concretas resulta insuficiente ante la dimensión del problema.
Otro de los argumentos expuestos por Suárez se centra en el recurso creciente a la seguridad privada en actos multitudinarios celebrados en la ciudad. Según Coalición Canaria, esta fórmula se ha hecho más visible en citas como los Carnavales o la campaña de Navidad, donde entiende que el Ayuntamiento ha optado por cubrir carencias estructurales con soluciones externas.
Para la formación nacionalista, esta dinámica no responde a un refuerzo real de la seguridad pública, sino a una manera de compensar la falta de recursos propios. En su lectura política, el incremento de la externalización evidencia que el gobierno local no ha logrado consolidar una estructura suficientemente sólida dentro de la Policía Local.
Ese planteamiento se enmarca en una crítica más amplia sobre la gestión municipal de la seguridad, un ámbito en el que CC afirma venir alertando desde hace tiempo sobre la falta de respuesta ante problemas persistentes.
Coalición Canaria también relaciona esta situación con la percepción de inseguridad en distintos puntos de la capital. En concreto, Suárez recordó las denuncias planteadas por su grupo sobre zonas como Schamann y Arenales, barrios que han aparecido en el debate público en las últimas fechas por la preocupación vecinal en materia de seguridad.
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El portavoz nacionalista aseguró que la denuncia adquiere una dimensión mayor tras el asesinato del propietario del bar Zumilandia y en vísperas de una manifestación convocada en Schamann para reclamar un plan urgente de seguridad. En su valoración, estos hechos obligan al gobierno municipal a reconocer la gravedad del momento y a actuar con mayor contundencia.
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Desde una perspectiva informativa, la controversia vuelve a situar en primer plano un asunto de alto impacto ciudadano: el estado de la Policía Local, la gestión de sus recursos y la respuesta institucional ante las demandas de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria.
La ofensiva de Coalición Canaria busca abrir un nuevo frente político en torno a la gestión municipal de la seguridad. El núcleo de su denuncia se apoya en la advertencia sindical sobre las 59 vacantes en mandos, pero se amplía a una crítica general sobre la planificación del servicio, la dotación material y la cobertura policial en la capital.
En ese escenario, la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria vuelve a colocarse como una cuestión central del debate local, con repercusión directa en la actividad diaria de los barrios, los eventos multitudinarios y la percepción de protección entre los vecinos.
