JAVIER ROSALES
El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, defendió que esta reclamación no forma parte de una simple demanda partidista, sino que constituye, a juicio de su organización, un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Desde esa premisa, los nacionalistas sitúan el debate fuera del terreno de la conveniencia política y lo enmarcan en el del cumplimiento normativo.
Para Coalición Canaria, la discusión no debe centrarse en la valoración que haga el ministro sobre el alcance de la participación del Archipiélago en la gestión aeroportuaria. El partido insiste en que el Estatuto de Autonomía fija con claridad el marco competencial de Canarias y que, por tanto, corresponde desarrollarlo de forma efectiva.
David Toledo sostiene que el asunto no depende de lo que el Gobierno central estime más adecuado en cada momento, sino de hacer valer un texto legal que define los derechos institucionales de la comunidad autónoma. En esa línea, CC recalca que no se trata de reinterpretar el Estatuto, sino de aplicarlo en toda su extensión.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento nacionalista es el rechazo a cualquier modelo que limite la presencia de Canarias a órganos consultivos o bilaterales sin capacidad ejecutiva. Según Coalición Canaria, reducir la participación del Archipiélago a espacios sin poder efectivo supondría, en la práctica, vaciar de contenido un derecho ya reconocido.
La formación entiende que cualquier propuesta que no otorgue margen de decisión real a las instituciones canarias quedaría lejos de la cogestión aeroportuaria que reclama. Por ello, advierte de que no aceptará soluciones parciales que, a su juicio, rebajen el alcance de las competencias previstas.
Coalición Canaria también pone el foco en la actuación del Estado en otros territorios para defender que no pueden aplicarse criterios distintos según la comunidad autónoma. En este contexto, los nacionalistas recuerdan que existen precedentes en otros lugares donde se ha avanzado cuando ha habido voluntad política.
Con ese argumento, CC sostiene que Canarias no debe recibir un tratamiento inferior ni fórmulas específicas que reduzcan sus derechos respecto a otros territorios. La formación considera que cualquier salida que deje al Archipiélago en una posición secundaria supondría una rebaja inaceptable de sus competencias.
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La organización nacionalista subraya además que los aeropuertos de Canarias tienen un peso estratégico evidente por su impacto en la conectividad, la movilidad y la actividad económica de las Islas. Por esa razón, defiende que su gestión no puede permanecer al margen de las instituciones canarias.
En este marco, Coalición Canaria insiste en que la relevancia de estas infraestructuras refuerza la necesidad de que el Archipiélago disponga de una participación efectiva en las decisiones que afectan a su funcionamiento. Para el partido, el debate sobre la gestión de los aeropuertos en Canarias no es menor, sino una cuestión vinculada al autogobierno y a la capacidad de decisión sobre servicios esenciales.
En su valoración final, David Toledo remarcó que la obligación del Estado pasa por cumplir, desarrollar y transferir las competencias recogidas en el Estatuto. Esa, según expone Coalición Canaria, es la única vía coherente con el marco jurídico vigente.
La formación concluye que Ángel Víctor Torres no puede determinar unilateralmente qué modelo corresponde al Archipiélago, ya que, a su entender, ese modelo ya está definido en la normativa autonómica. Por ello, reclama que el siguiente paso sea convertir en realidad la cogestión de los aeropuertos en Canarias y dejar atrás debates que, en opinión de CC, solo retrasan el ejercicio efectivo de un derecho ya reconocido.
