NOELIA C. DEL TORO
La futura norma incorpora un instrumento de planificación único con el que la Administración autonómica busca unificar criterios y reforzar la supervisión de un ámbito especialmente sensible por su impacto social. Entre los objetivos principales destaca la protección de los menores, el control del acceso a los espacios de juego y la actualización del marco legal vigente para adaptarlo a la realidad actual del sector.
El texto ya ha dado un paso relevante en su tramitación después de que el Consejo de Gobierno acordara remitir al Parlamento la planificación incluida en el proyecto, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas.
Uno de los cambios más relevantes que contempla el decreto afecta directamente a los salones recreativos y de juegos, que deberán contar de forma obligatoria con un servicio de admisión. Su función será impedir el acceso de menores de edad a las zonas en las que se practique el juego.
Esta medida refuerza los mecanismos de vigilancia en establecimientos vinculados al ocio con apuestas y azar, y coloca el foco en la protección de la infancia y la adolescencia. La obligación de controlar la entrada busca cerrar posibles brechas en el sistema actual y elevar el nivel de exigencia para los locales autorizados.
El planteamiento del Ejecutivo canario responde a una preocupación creciente por los riesgos asociados al juego, especialmente entre los colectivos más vulnerables. La intención es que cualquier persona usuaria disponga de un entorno más controlado y de un sistema de supervisión más sólido frente a los efectos que puede generar esta actividad.
Además del refuerzo de los controles de acceso, el decreto persigue ordenar la actividad empresarial vinculada al juego en las islas. El objetivo es delimitar con mayor precisión las condiciones, obligaciones y márgenes de actuación de quienes quieran operar en este mercado cumpliendo con los requisitos exigidos por la Administración.
El Ejecutivo entiende que la nueva regulación debe servir tanto para proteger a la ciudadanía como para clarificar el marco en el que se mueve el sector. Esa doble finalidad —control público y certeza normativa— aparece como uno de los ejes centrales de la futura disposición.
La planificación incluida en la norma tendrá una vigencia inicial de cinco años. No obstante, el texto prevé la posibilidad de una prórroga por otros cinco años, en función de factores como la evolución demográfica, la situación socioeconómica o la distribución geográfica de la actividad. Esa eventual ampliación deberá tener en cuenta lo que establezca el informe de la Comisión del Juego y las Apuestas de Canarias.
La nueva regulación también implica una actualización de disposiciones ya existentes. En concreto, el Gobierno plantea una revisión del Decreto 26/2012, por el que se aprobó el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La modificación responde a la necesidad de adaptar la normativa a la evolución del sector del juego y a los procedimientos administrativos que actualmente gestiona la comunidad autónoma en esta materia. Junto a ello, el proyecto incorpora ajustes puntuales en otras disposiciones de carácter general para mejorar la coherencia del marco normativo.
Este movimiento evidencia que el Gobierno no plantea una intervención aislada, sino una reordenación más amplia del sistema regulador, con especial atención a la supervisión, la planificación y la protección social.
Otro de los apartados destacados del decreto afecta al Registro de Prohibidos de Acceso al Juego, una herramienta clave para limitar la entrada a personas que no deben participar en este tipo de actividades.
La modificación del artículo 24 del Reglamento de homologación de juego y de organización y funcionamiento del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 42/1998, introduce una novedad importante: fija con carácter indefinido la duración de la inscripción en los supuestos de autoprohibición o de prohibición solicitada por terceros con interés legítimo sobre actos de administración y disposición del patrimonio.
Hasta ahora, ese plazo no estaba expresamente recogido. Con la nueva redacción, la inscripción pasará a tener carácter indefinido, aunque se contempla la posibilidad de solicitar su cancelación una vez transcurridos seis meses desde el alta en el registro.
Esta medida busca reforzar la protección de personas en situación de vulnerabilidad y aportar mayor claridad jurídica a un instrumento preventivo que gana peso dentro del nuevo esquema regulador.
El decreto se enmarca en una línea de actuación que el Gobierno de Canarias ya venía desarrollando en los últimos años en materia de protección de menores frente al juego y las apuestas.
En este contexto, el Ejecutivo impulsó primero el decreto ley 7/2024 y posteriormente la Ley 2/2025, de 26 de junio, con medidas urgentes orientadas a la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar. Entre otras actuaciones, esas iniciativas buscaron evitar la concentración de locales de juego, regular la distancia entre los salones y los centros educativos y ampliar la edad de protección.
La nueva norma, por tanto, no surge de forma aislada, sino que se integra en una estrategia más amplia de control del sector, con una prioridad clara: blindar a los menores, reforzar la vigilancia y establecer reglas más precisas para una actividad sometida a creciente escrutinio público.
